Granados no ve responsabilidad alguna en el caso del espionaje

Ante el avance de la investigación judicial sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, reiteró que tiene "la absoluta seguridad de que desde el Gobierno [regional] no se ha mandado ni amparado seguimientos". Granados rechazó cualquier nivel político de responsabilidad en caso de que se demuestren unos hechos que, en cualquier caso, no considera demostrados. "En el caso de que se demuestre que algún responsable o miembro de la consejería haya realizado actuaciones al margen del Gobierno, tendrá que dar las explicaciones pertinentes y asumir la responsabilidad", subraya.

El departamento de Granados contiene la Dirección General de Seguridad, en la que trabajan al menos dos de los supuestos espías que presuntamente realizaron seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, entre marzo y mayo de 2008. La juez que investiga estos hechos por un presunto delito de malversación de fondos públicos ha pedido datos de ocho teléfonos móviles de policías y guardias civiles adscritos a la Consejería de Granados.

"Celebro que la investigación avance", dijo el consejero

"Celebro que la investigación avance", dijo ayer Granados ante los nuevos datos revelados por este periódico. "Es el resultado de una denuncia de Manuel Cobo, y el Gobierno de la Comunidad es el primer interesado en que se aclare".

Granados rechazó también que haya responsabilidad política alguna en una investigación relativa a fondos públicos. "Habrá que ver una responsabilidad política si hay algún político involucrado en esto. Si no, no hay tal responsabilidad". Siempre, "en el supuesto de que se haya producido, que nosotros no tenemos ningún indicio de que eso sea así", aclaró. El consejero afirmó también que la juez no se ha dirigido a su departamento ni a ningún otro de la Comunidad hasta el momento.

El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, reiteró ayer su sospecha de que en la Comunidad "ha habido fondos reservados para financiar una actividad ilícita como era el espionaje que se hacían entre unos y otros en el PP en la guerra interna que viven", según Europa Press. Gómez insistió en que los presuntos espionajes a políticos madrileños componen "un asunto de corrupción y de vulneración de derechos fundamentales".