Alarte: "Nunca dejo que ningún delincuente me pague los trajes"

"Algunas [facturas] las guardo y otras puedo extraviarlas, pero lo que nunca dejo es que ningún delincuente me pague los trajes". Así de taxativo fue ayer el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, al ser preguntado por si guarda los justificantes de compra de todos sus trajes. Rodeado del Síndic socialista en las Cortes, Ángel Luna, y los portavoces adjuntos Carmen Ninet, Joaquim Puig y Cristina Moreno, el secretario general confirmó, como ya se anunció el día anterior, la presentación en los próximos días de una querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y otros dos ex altos cargos de la Generalitat. Alarte reunió a su ejecutiva y a la dirección del grupo parlamentario para trasladarles la decisión judicial.

Protesta en Canal 9 por la censura de los informativos en el 'caso Gürtel'

El partido socialista ha esperado a que el presidente Camps declarase ante el magistrado José Flors, del Tribunal Superior de Justicia, y luego compareciese, al día siguiente, ante las Cortes para explicar su relación y la de la Generalitat con la supuesta trama corrupta que lideraba el empresario Francisco Correa. "Su respuesta ha sido desprecio, mentiras, nada", concluyó Alarte.

Si el día anterior se barajaba la posibilidad de acometer dos acciones paralelas, la querella por un lado y la personación por otro, ayer fue el propio Alarte quien despejó estas dudas. "La querella nos permite hacer una exposición de hechos y aportar datos sobre los que podamos tener conocimiento, aunque son bien pocos", apostilló a la vista de la escasa documentación que el Consell ha proporcionado a los grupos de la oposición sobre su relación con Orange Market y otras empresas de la trama de Correa. De prosperar esta acción judicial, los socialistas podrán personarse en el procedimiento que se sigue en el TSJ y acceder a los datos del caso.

El PSPV no es el único que ha adoptado esta decisión. Anteayer se conocía también la decisión de los socialistas de Boadilla del Monte (Madrid) de personarse en el tribunal madrileño.

El secretario general del PSPV valoró la labor desarrollada por su grupo en las Cortes Valencianas, pidiendo, desde que trascendió el caso Gürtel, el pasado 6 de febrero, explicaciones al Consell y a sus más altos representantes. "La respuesta ha sido negativas o mentiras persistentes", agregó Jorge Alarte, quien reconoció que su partido se ha conducido con excesiva responsabilidad y prudencia.

El dirigente socialista desacreditó las diferentes versiones ofrecidas por el Consell y por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en torno al caso Gürtel. "Con el paso de los días hemos visto cómo dos simples contratos pasaban a casi 8 millones de euros en adjudicaciones, y cómo de casi no conocer a Álvaro Pérez, El Bigotes, [responsable de Orange Market], hemos sabido que era un 'amiguito del alma", enumeró Alarte.

Los socialistas, como dejó patente el secretario general, presentan ahora la querella "obligados"

a hacerlo de esta manera en defensa de los intereses de los valencianos; para "saber qué ha sido de esos ocho millones de euros que el Consell ha puesto en manos de una trama corrupta dedicada a la evasión de impuestos y al blanqueo de capital". Alarte garantizó que la presentación de la demanda no debilitará la labor de fiscalización y control al Consell de su grupo parlamentario.

El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, aseguró ayer que la querella del PSPV para personarse en la investigación del Tribunal Superior de Justicia valenciano "no tiene capacidad alguna de prosperar". "Es un brindis al sol", sentenció Rambla, que criticó a los socialistas por haber pedido información sobre los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama corrupta "de manera incontrolada". "Todos esos contratos los han visto con pelos y señales y los hemos visto en los medios de comunicación", prosiguió Rambla, "los diputados de la oposición quieren ver en esos contratos algo que no está".

Por su parte, el secretario general del PP y portavoz en las Cortes, Ricardo Costa, imputado en la investigación del TSJ por un posible delito de cohecho, tachó la decisión de los socialistas de "patochada".

Mientras, el tratamiento que Canal 9, la televisión pública valenciana, está dando a las informaciones relacionadas con el caso en el que están imputados el presidente Camps y Ricardo Costa, provocó ayer otra protesta. Unos 12 trabajadores, algunos de ellos de las secciones sindicales de CC OO y CGT, recorrieron los pasillos del centro de producción de programas para denunciar "la censura y los abusos laborales" a los que les somete la dirección. Ataviados con una camiseta en la que se leía: Per una televisió pública en valencià i contra la manipulació, los trabajadores repartieron pasquines con un retrato del director general de RTVV, Pedro García, boca abajo. De nuevo, pidieron su dimisión después de que los informativos "escondieran la imputación del presidente Camps".

Las secciones de ambos sindicatos condenaron que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) "continúe actuando impunemente como gabinete de prensa del Partido Popular".