Los sindicatos convocan dos días de huelga por el traspaso de Cercanías a la Generalitat
Las centrales sostienen que el paro quiere evitar la ruptura de Renfe
El comité de empresa de Renfe, formado por representantes de seis sindicatos, convocaron ayer una huelga en toda España para los días 9 y 10 de junio en protesta por el traspaso de Cercanías a la Generalitat. La posición es clara: si el Gobierno catalán quiere tener la gestión del servicio, que lo tenga, pero sin que ello suponga la fragmentación de la empresa y que los empleados que desempeñan su labor en Cataluña pasen a depender de una empresa distinta a la actual Renfe.
Los seis sindicatos con representación en Renfe convocan la huelga. Son el Semaf, SF, SCF, CGT, Comisiones y UGT. Pero aunque todos han firmado la convocatoria de huelga, las posiciones no son unánimes. Los sindicatos específicos de la empresa ferroviaria están tajantemente contra el desmembramiento de Renfe. UGT y CGT, también. Comisiones Obreras en Cataluña, en cambio, siente una notable incomodidad por la convocatoria. "Creemos que hay que sentarse a negociar", sostuvo ayer Xavier Navarro, representante de la central en la compañía. Navarro dejó claro que Comisiones de Cataluña habría preferido el inicio de las negociaciones a una huelga preventiva. Porque se trata de una huelga para evitar hechos que, en el peor de los casos, se producirían en 2011 o 2012.
El paro se hará los días 9 y 10 de junio y lo firman todos los sindicatos
Nadal explicará a las centrales cómo se garantizan los derechos laborales
El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, aseguró ayer que piensa llamar a los sindicatos representados en Renfe para dialogar y explicar la situación que pasa, añadió, por sostener lo que ya dijo el presidente de la Generalitat, José Montilla, hace unos días cuando se reunió con el Ministro de Fomento, José Blanco, en la primera visita de éste a Cataluña. "Montilla aseguró que se garantizarían los derechos laborales existentes y eso es lo que se hará", sostuvo ayer el consejero.
El traspaso de Cercanías de Renfe a la Generalitat tiene dos fases, si se cumple el calendario anunciado. Este verano se establecerá el acuerdo político en la comisión de traspasos. A partir de ese momento, la Generalitat se irá haciendo cargo de la gestión del servicio, que seguirá siendo operado por Renfe. Pero el Gobierno catalán podrá, si lo desea, nombrar nuevos cuadros en Cercanías. Cuando expire el contrato programa en vigor (el 31 de diciembre de 2010), se negociará otro. El contrato programa es un convenio entre Renfe y el Gobierno central por el que éste realiza aportaciones económicas a la compañía que, a cambio, mantiene un precio político en el billete y, en no pocas ocasiones, servicios muy deficitarios.
En 2011, si Fomento y el Gobierno catalán llegan a un acuerdo sobre el nuevo contrato programa, las cosas seguirían más a menos igual, pero si no hubiera acuerdo, el personal de Renfe en Cataluña pasaría a depender de la Generalitat, igual que el material de la empresa. Entonces, la Generalitat convocaría un concurso para que una empresa prestara el servicio. Renfe podría optar al mismo, pero también otras compañías ferroviarias. En cualquier caso, los empleados de Renfe no perderían derechos laborales.
Sin embargo, el comité de empresa sostiene que sí se pierde derechos por dos motivos: se compromete el futuro de Renfe como un todo y, además, se cercenan determinadas expectativas de mejora. Por ejemplo, un conductor de Cercanías puede, ahora, optar a promocionarse como conductor de AVE, lo que quedaría supuestamente cortado si la empresa se fraccionara. En realidad, dado que la Generalitat gestionará pronto también los regionales, incluyendo los trenes Avant, muy similares al AVE, la carrera profesional de estos empleados seguiría estando garantizada.
El traspaso de Cercanías es una de las cuestiones previstas en el Estatuto, que sostiene que el Gobierno catalán gestionará los servicios ferroviarios que nazcan y mueran en Cataluña.
640 millones para la estación de Sagrera
La reunión convocada para mañana jueves en el Ministerio de Fomento sancionará el pacto alcanzado para destinar 640 millones de euros al arranque de las obras de la estación de Sagrera. Así lo anunció ayer el teniente de alcalde y responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona, Ramon García Bragado.
La financiación prevista, explicó García Bragado, tendrá dos fases: en la primera se destinará 400 millones a la estructura de la estación y unos 240 millones más para los accesos. Este dinero saldrá directamente de las arcas del Gobierno central. Las obras de la segunda fase (la arquitectura interior y las instalaciones de la estación) suponen otros 200 millones, que serán aportados por Consorcio Sagrera Alta Velocidad, integrado a partes iguales por el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
A la reunión de mañana en Madrid acudirán los representantes de estas tres instituciones: el ministro, José Blanco; el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. La presencia del Gobierno catalán es imprescindible porque, en realidad, parte del dinero que aporta el Ejecutivo central procede de las partidas previstas en la disposición adicional tercera del Estatuto para financiar obras en Cataluña a cuenta del déficit histórico.
El visto bueno definitivo para disponer de los 640 millones iniciales que permitan licitar y adjudicar las obras lo ha dado el Ministerio de Economía, aceptando la propuesta de Fomento.
La intención, explicó García Bragado, es que se puedan licitar las obras de la estación en cosa de meses y adjudicar dentro de este año, de modo que las obras empiecen a principios de 2010 como muy tarde. Esto garantizaría que los trenes podrían circular por Sagrera en 2012, cuando ya esté terminado el túnel del AVE que una la nueva estación con la de Sants, por donde entrarán en Barcelona desde el sur los trenes de alta velocidad. La salida hacia el norte sería por Sagrera y el nudo de la Trinitat hacia Montcada y Girona y Francia. Los convoyes procedentes del norte haría el recorrido exactamente inverso.
Lo que de momento no está decidido es quién se hará cargo de las plusvalías que generen los terrenos que quedarán libres una vez que se produzca el soterramiento de las vías en la zona de Sagrera, una pastilla de terreno que albergará zonas verdes, oficinas y pisos.
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