El juez pedirá todos los contratos del Gobierno de Camps con Orange Market

Altos cargos del Gobierno valenciano tendrán que declarar ante el juez y explicar los contratos adjudicados por la Generalitat a Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. José Flors, instructor de la parte valenciana del caso Gürtel, dictó ayer una providencia en la que comunica que investigará todos los contratos de la Generalitat con esa empresa y con su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, quien gozaba de la confianza de altos cargos de la administración autonómica, gobernada por el PP.

Dicha providencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), recoge específicamente que serán citadas a declarar las personas que autorizaron los contratos con Orange Market y aquellas que formaron parte de las mesas de contratación. Eso significa que tendrán que acudir ante el juez, en calidad de testigos, cargos de la máxima relevancia institucional y probablemente decenas de funcionarios.

En primer lugar, lo harán Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes y consejera de Turismo entre 2003 y 2007; Vicente Rambla, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana; Angélica Such, actual consejera de Turismo; Alejandro Font de Mora, consejero de Educación; o Rafael Blasco, actual consejero de Inmigración, que era responsable de Territorio cuando la empresa pública Vaersa adjudicó a Orange Market una campaña publicitaria, en noviembre de 2004, por 138.678 euros en un procedimiento negociado sin publicidad.

Son sólo algunos de los cargos que podrán acudir. Orange Market ha conseguido, al menos, ocho millones de euros de la administración valenciana, una cuarta parte por adjudicación directa, sin concurso.

El instructor pretende así, con la pericial contable y los testimonios, comprobar la relación entre los apuntes de contabilidad, los regalos y los contratos, a través de documentos, declaraciones y grabaciones. Eso podría ampliar la investigación a tráfico de influencias y prevaricación. Vaersa ofreció el trabajo a tres empresas que tenían el mismo administrador único.

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