Una bronca magnificada

Nadie siguió el pleno de la Asamblea de Madrid, el jueves pasado, desde la tribuna de invitados. Un día antes, la presidencia de la Cámara había decidido unilateralmente -con la mayoría absoluta de PP y la oposición de PSM e IU- cerrar las puertas a los ciudadanos de a pie. La medida, que ha enfrentado una vez más a la izquierda y la derecha de la Cámara, lleva el sello del rodillo con el que los populares manejan el Parlamento. Además, el conflicto amenaza con recrudecerse, pues mientras el PP pretende restringir aún más las normas de acceso al público, la oposición plantea que ni siquiera había "legitimidad" para cerrar la tribuna.

La justificación del cierre temporal es oficialmente el incidente que se vivió hace dos semanas en la tribuna, cuando un grupo de trabajadores increpó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, cuando abandonaba el hemiciclo en pleno debate. Eso derivó en un monumental enfrentamiento verbal entre los diputados de un lado y otro de la sala, mientras la presidenta de la Cámara ordenaba el desalojo de la tribuna y la expulsión de un diputado socialista. Los parlamentarios de la oposición se marcharon en bloque.

"Ojalá no fuera necesario restringir la entrada", dijo el portavoz popular

"Quieren identificar la bronca con la Asamblea", afirma José Cepeda

Pero la sesión no quedó interrumpida. El debate continuó con los diputados populares y los de IU y PSM con turno de intervención. Donde fue a más la cosa fue a las puertas de la Asamblea. Fuera esperaba un millar de trabajadores enfrentados a expedientes de regulación de empleo que, al conocer lo sucedido dentro, iniciaron una sonora protesta que acabó con lanzamiento de piedras al edificio. Hubo un único herido leve, un manifestante, y no se produjo carga policial.

Desde entonces, el PP alude una y otra vez al enfrentamiento ante la Asamblea para criminalizar a los trabajadores que se manifestaban y, sobre todo, a los diputados que salieron en su apoyo. Ha forzado a la Asamblea a denunciar lo ocurrido ante los tribunales y también ha jugado a confundir lo que sucedió fuera con lo que ocurrió dentro del hemiciclo, lo que le ha permitido justificar el cierre de la tribuna.

"No hay precedentes de una situación como la de ayer", afirmaba el portavoz popular, David Pérez, al día siguiente del tenso pleno. "No entra en la normalidad parlamentaria que los representantes de los madrileños no puedan celebrar un pleno". Y cinco días después: "Lo que se produjo no se permite en ningún Parlamento. Ojalá no fuera necesario restringir la entrada". Después, otros líderes populares regionales, incluida la presidenta, Esperanza Aguirre, han hecho declaraciones similares en las que magnificaban lo sucedido en el interior de la sala y culpaban al PSM.

Pero el cierre de la tribuna es una medida extrema, que no se tomó ni siquiera la primera vez que se suspendió un pleno. Fue el 1 de febrero de 2001. El entonces vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, fue insultado por el público después de que responsabilizara a los residentes de un bloque de casas del Ivima del mal estado de sus viviendas. Tras varias llamadas de atención, el presidente de la Cámara, Jesús Pedroche, suspendió el pleno y desalojó la sala.

Por otro lado, el PP pide un respeto que no mantiene para la institución. El más conocido es el famoso incidente del agua, cuando el pasado 16 de abril Aguirre se empeñó en beber en el hemiciclo pese a la prohibición acordada en la Junta de Portavoces, y no paró hasta que se lo permitieron.

Hay más. Ya se ha convertido en una costumbre que Aguirre atienda a la prensa antes de entrar al hemiciclo. Pese a que la sesión está prevista para las cuatro en punto, nunca comienza hasta que ella ha terminado sus declaraciones. Algo impensable en el Congreso de los Diputados.

Los grupos de la oposición sospechan que el PP pretende con esta medida criminalizar el Parlamento regional, que es el único lugar donde se produce el control al Gobierno. "Quieren identificar la bronca con la Asamblea y así, cuando desde aquí se critique la actuación del PP en el Ejecutivo, tendremos menos credibilidad", analiza el presidente del Grupo Socialista, José Cepeda. La portavoz de IU, Inés Sabanés, cree que la Mesa pretende ahora modificar las normas de acceso porque legalmente no puede tener cerrada la tribuna de invitados.