Juristas internaciones debaten en A Coruña sobre la piratería

España suprimió de su Código Penal, en la reforma de 1995, el delito de piratería marítima. Francia en 2007. Un grupo de expertos reunidos en A Coruña por la Asociación Internacional del Derecho del Mar debatió ayer sobre vacíos jurídicos con relación a la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Océano Índico. El problema es que la ausencia de ordenamientos jurídicos de España y la UE dificulta que los posibles piratas apresados sean procesados en el país del barco militar que los capturó.

Los ataques a barcos de transporte y recreo en la última década han aumentado un 500%, por lo que urge que cada Estado tipifique como delito la piratería en sus jurisdicciones. Es una de las obligaciones que se incumplen en la mayor parte de los 152 países (entre ellos España) adheridos en el convenio Sua de represión de actos ilícitos contra la seguridad marítima, establecido al amparo de la ONU, en 1988.

"No creo que haya un vacío legal en la convención internacional del Derecho del Mar", apuntó el secretario de ese tribunal, Philippe Gautier, "dado que permite a todo Estado perseguir, detener y juzgar a piratas". Cada país, no obstante, debe dotarse "de los mecanismos internos suficientes, no hay pena sin ley", aclaró. Ni siquiera en la ONU, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene competencias específicas para procesar con dureza a estos bandidos. España, por ejemplo, ha llevado a cabo un insuficiente anteproyecto de reforma del Código Penal que prevé reintroducir el delito de piratería en el mar "sin especificar más".