Louzán oculta el expediente de la obra certificada en falso

El presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, está impidiendo la consulta del expediente de la obra "variante de acceso a Lira", certificada en falso con las firmas de su director, Baltasar Pujales, y el ex director de Infraestructuras de la Diputación, Agustín Hernández, actual conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. El Grupo Socialista de la Diputación solicitó formalmente el expediente a Louzán la semana pasada. Ayer se cumplieron los cinco días que marca la Ley de Régimen Local para que autorizara o denegara el acceso solicitado: Louzán no se pronunció en ningún sentido, pero el expediente siguió inaccesible para los diputados. El presidente de la Diputación lo mantiene bajo su tutela desde que el BNG denunció las presuntas irregularidades.

"Es un elemento más en los intentos del PP de ocultación de ese expediente concreto y, desde luego, alienta las sospechas de que en él hay gato encerrado", afirmó ayer el secretario provincial del PSdeG, Modesto Pose. Los diputados, recordó, tienen derecho de acceso a todos los expedientes y los socialistas consideran ya la opción de acudir a los tribunales si el presidente de la Diputación persiste en negarles la consulta.

Hernández, como director de Infraestructuras de la Diputación, firmó en diciembre pasado el conforme en la certificación de la obra de la variante de Lira, en Salvaterra de Miño, "para no perder la subvención" (50%) del Ministerio de Administraciones Públicas, que ya había concedido dos prórrogas, hasta 31 de diciembre de 2008, para acabar la obra. Con esa certificación y la presentación de unos avales, la adjudicataria de la obra, Sercoysa, empresa de la que Hernández fue director de construcción y apoderado antes de ocupar su cargo en la Diputación, pudo cobrar 331.000 euros pese a que la obra apenas está iniciada.

Desde el PP se ha insistido en que el procedimiento administrativo fue "correcto" y "habitual" en todas las administraciones para no perder subvenciones. El propio Louzán, para ilustrarlo, señaló dos casos análogos de los ayuntamientos de Cangas y Pontevedra, los cuales, sin embargo, resultan poco afortunados para subrayar la "normalidad" del procedimiento de Salvaterra.

Contradictorio

En Pontevedra, con subvención de la Consellería de Vivenda, el Ayuntamiento adjudicó unas obras en el entorno de Santa María por 2,3 millones de euros y dos días después, en diciembre de 2006, se certificó un acopio de materiales que permitió a la adjudicataria cobrar 801.000 euros. La operación, según fuentes municipales, fue "absolutamente legal" y lo certificado se situó dentro del porcentaje permitido sobre el importe de la obra.

En Cangas, el asunto está judializado por demanda de todos los concejales del PP, lo que contradice el criterio de "práctica habitual" que el partido aplica al caso de Salvaterra. En Cangas se certificó en diciembre pasado la primera fase (movimiento de tierras y canalización: 30.000 euros) de una pista de skate presupuestada en 104.000 euros, con subvención bianual de la Consellería de Cultura. Los concejales del PP no vieron máquinas que hicieran el movimiento de tierras y el 13 de abril la técnica que certificó la obra prestó declaración ante el fiscal. La pista está ya construida del todo.