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Roma echa a Valverde del Tour

El Tribunal Antidopaje condena al ciclista a dos años sin correr en territorio italiano, por donde pasará la carrera francesa, al considerar probada su implicación en la Operación Puerto

Carlos Arribas

Al final de una pesada y larguísima vista oral en sus oficinas del estadio Olímpico de Roma, el Tribunal Nacional Antidopaje italiano (TNA) envió ayer al ciclista español Alejandro Valverde a una nebulosa jurídica tan confusa que ni los más sesudos expertos en derecho deportivo son capaces de entenderla y mucho menos de explicarla. La nebulosa se llama "inhibición cautelar" de presenciar y participar durante dos años en competiciones deportivas organizadas en territorio italiano por federaciones y entidades deportivas italianas, que así reza la sentencia por la implicación del murciano en la Operación Puerto, que el TNA considera probada, aunque no se sabe por qué, pues se ha reservado un plazo de 30 días para depositar las motivaciones.

"Acabará haciéndose justicia", dice el español, que apelará al Tribunal Arbitral
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"Es otro ladrillo en el muro de la Operación Puerto"

Esta condena, a la que Valverde ya se había resignado de antemano -su reacción al conocerla, según quienes estaban con él en Murcia, no fue de rabia e indignación, emociones que ya sufrió cuando le anunciaron en febrero que el Comité Olímpico Italiano (CONI) había abierto un procedimiento contra él, sino fatalista; "acabará haciéndose justicia", dijo-, sólo generó dudas entre los abogados del corredor.

Dudas sobre la posibilidad formal de que pueda correr el Tour -una carrera con 120 kilómetros este año por el valle de Aosta, territorio italiano, pero organizada por una sociedad francesa, no italiana-, aunque no la probabilidad real -"de todas manera, seguramente el Tour no se atreverá a dejarle participar", piensan en su equipo, el Caisse d'Épargne; "no correrá el Tour", aclaró después Christian Prudhomme, el director de la grande boucle-.

Dudas sobre la capacidad de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), representadas en la vista, para extender a todo el mundo el veto sin pasar por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en Lausana, organismo de referencia en caso de disputas deportivas -el presidente de la UCI precisó que hasta que lea las motivaciones no hablará- y al que llegará hoy mismo el recurso de apelación de Valverde.

Dudas sobre la validez del procedimiento, y no emitidas sólo por los defensores del ciclista: el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Agencia Estatal Antidopaje de España, en un comunicado tan ambiguo como el caso, al informar de que respetan la autonomía italiana, recuerdan la falta de permiso del juez para poder utilizar las pruebas penales de la Operación Puerto -como la bolsa de sangre que, supuestamente, delató a Valverde- en un proceso deportivo, y añaden que, en definitiva, será la justicia española la que aclare definitivamente la Operación Puerto.

Dudas también -el embrollo jurídico no tiene fin, alcanza proporciones kafkianas- sobre los efectos que pueda tener en la validez de la sentencia el recurso del CONI contra la prohibición judicial española de usar las pruebas y la querella penal de Valverde contra el fiscal antidopaje del CONI, Ettore Torri, por el supuesto engaño en que se basó para obtenerlas.

Dudas, en fin, sobre el futuro del ciclista en el Caisse d'Épargne, ya que en su contrato, como en el de todos los profesionales, figura una cláusula de rescisión automática en caso de dopaje. "Cuando haya sanción firme, el patrón francés dejará inmediatamente de pagarle", dicen fuentes del conjunto.

"Todas estas dudas sólo las podrá resolver el TAS, confirmando o anulando la sanción", dijo Francisco Fernández, accionista de Abarca, la sociedad propietaria del equipo. Fernández, abogado y presente en la vista romana, se hacía de cruces al salir. "Todo lo que he visto en la sala había que haberlo grabado para exhibirlo en las facultades de Derecho en la lección de cómo no deben hacerse las cosas", dijo; "ha sido una farsa en la que no han mostrado ni las pruebas de la acusación, ni el presunto análisis de ADN de la policía científica de Roma ni nada. Sólo una fotocopia del informe del laboratorio de Barcelona sobre el hallazgo de EPO en algunas bolsas. Y en el asunto de competencias el único argumento que han utilizado es que, si habían sancionado a Basso [Ivan, italiano], debían, por principio de justicia, sancionar también a Valverde. Así convierten un principio de justicia en uno de iniquidad, ya que ambos casos y las pruebas contra uno u otro no tienen nada que ver".

El pelotón del Giro, imbuido del moderno nomos de campo de concentración, ha reaccionado con indiferencia. "No voy a hablar. Para mí, la Operación Puerto es pasado. No voy a volver a decir nada. Ya he pasado página", respondió Basso cuando se le preguntó si la sanción a Valverde es necesaria para que se considere que, por fin, se ha hecho justicia en la Operación Puerto.

Alejandro Valverde.
Alejandro Valverde.AFP

Sobre la firma

Carlos Arribas
Periodista de EL PAÍS desde 1990. Cubre regularmente los Juegos Olímpicos, las principales competiciones de ciclismo y atletismo y las noticias de dopaje.

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