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El Gobierno central y el PSOE avalan la Ley de Educación de Cataluña

El PP quiere recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional

Las furibundas embestidas del Partido Popular contra la nueva Ley de Educación de Cataluña -todavía pendiente de aprobación parlamentaria- han acabado por crear un movimiento de apoyo político al texto que ni el propio Gobierno catalán esperaba. Tras retomar el PP su discurso de la persecución lingüística y dar por sentado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional, el PSOE y el Gobierno central han aparcado cualquier discrepancia sobre la norma y hasta avalan ahora que la tercera hora de castellano no se aplique en Cataluña. Fuentes del Ministerio de Educación expresaron ayer su apoyo al nuevo texto, que consideran ajustado a la legalidad vigente, y atribuyeron a "interpretaciones sesgadas" las críticas que algunos vieron en las recientes palabras de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien anunció que el Gobierno estudiará detenidamente la ley cuando esté aprobada definitivamente. De la Vega pidió "prudencia" y aseguró que la enseñanza del castellano está garantizada en Cataluña.

Pajín niega que los alumnos catalanes no sepan expresarse en castellano

El PP considera que al menos ocho artículos de la ley son recurribles

El PSOE fue ayer mucho más expeditivo al defender el articulado. Su secretaria de Organización, Leire Pajín, pidió al PP que no convierta en un conflicto "político" algo que la sociedad no vive como problema y negó la idea de que en Cataluña los niños no se expresan correctamente en castellano. "Los escolares catalanes saben el español exactamente igual que en otras comunidades e incluso tienen mejores resultados que en otras", afirmó.

Los dos apoyos fueron una suerte de advertencia al PP para que no busque en este asunto divisiones en el seno de los socialistas durante el debate del estado de la nación que hoy comienza en el Congreso. El viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, dio por hecho, tras la reunión de la ejecutiva, que la ley tiene pleno apoyo del conjunto de los socialistas. El PSC tratará de frenar que hoy el debate se encone en el Congreso. Les basta el reconocimiento a la ley que ayer hizo el PSOE y el apoyo que el modelo de inmersión lingüística en catalán obtuvo en el último congreso de los socialistas.

Pero el Partido Popular está decidido a emprender una guerra sin cuartel contra la ley y para ello empuñará tanto armas legislativas como mediáticas. Como se sostenía el domingo en un anuncio de prensa, los populares entienden que el articulado supone una "miseria intelectual" y arrastra a Cataluña a un futuro de "miseria moral y económica". De momento llevará la ley al Consejo Consultivo catalán (máximo órgano de consulta jurídica) para que examine el texto. Pero diga lo que diga este organismo, sus conclusiones no serán impedimento para apelar al Tribunal Constitucional porque el PP cree que al menos ocho artículos de la ley vulneran la Carta Magna. "El informe del Consultivo será determinante, pero no vinculante", advirtió ayer la presidenta de los populares catalanes, la senadora Alicia Sánchez-Camacho.

A juicio del PP, la Ley de Educación -pactada entre Convergència i Unió, el Partit dels Socialistes y Esquerra Republicana- "blinda" el modelo de política lingüística "discriminando el uso del castellano" en los centros educativos y "crea un cuerpo de docentes propio con una escala diferente de la nacional". Asimismo supone "recortar las libertades y los derechos lingüísticos de los ciudadanos" y "coarta" la libertad de los padres para elegir la escuela que deseen para sus hijos. "El castellano pasa a tener un trato peor que un idioma extranjero", opina el PP.

"Vulneración de derechos"

La Generalitat cree que el uso de la imagen de dos niños esposados -aunque se disimule su identificación- para un anuncio del PP sobre la Ley de Educación vulnera los "derechos fundamentales de los menores porque los presenta como si hubieran cometido un delito". Por este motivo, el Gobierno catalán ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía de Menores por si su publicación, el pasado domingo, fuera constitutiva de algún delito. La presidenta del PP, Alicia Sánchez-Camacho, defendió la legalidad del anuncio y exigió prestar más atención al "contenido" de la ley que al "envoltorio publicitario" frente a las airadas críticas del resto de partidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de mayo de 2009

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