La soledad de los números primos

Los socialistas y el PP se presentan como números primos ante el debate del Estado de la Nación que comienza mañana: aquellos que sólo son divisibles por uno y por ellos mismos. La analogía de los principales partidos políticos con los números primos sirve para los que piensan que Zapatero y Rajoy van a escenificar en el Parlamento un choque de trenes que ocupan la misma vía, mientras la sociedad les exige un pacto de sacrificios compartidos para salir lo mejor posible de la Gran Recesión.

Tienen razón los socialistas cuando dicen que le derecha española hace una declaración de intenciones de política económica basada en la baja de impuestos, que en estos momentos no se aplica en parte alguna, gobierne quien gobierne. Ni en EE UU, ni en la Unión Europea ni en las conclusiones de las dos reuniones del G-20, de Washington y Londres. Los únicos que creen que una reducción de impuestos tiene mayor efecto multiplicador en la demanda que la inversión pública y el gasto social son los populares españoles. Es una opción seguidista de las directrices que emanan de la Faes y que está expuesta con mucho simplismo en el libro de Aznar (España puede salir de la crisis, editorial Planeta), pero es una opción legítima y a discutir. Rajoy debe demostrar mañana en el Parlamento que puede concretarla y dejar de refugiarse en generalidades, ya que hasta ahora ha sido ontológicamente imposible que el PP rellene de letra y números la cantinela de las reformas estructurales. ¿Cómo van a hacerlas? El PP y su líder han de convencer a la ciudadanía que tienen un programa alternativo para salir de la crisis, lo que no han conseguido según todos los sondeos.

El PP y su líder han de convencer a la ciudadanía de que tienen un programa para salir de la crisis

El Gobierno acaba de cumplir su primer mes. Cuando en plena Semana Santa se sustituyó al anterior Gabinete, se dijo que habría continuidad en la política económica, pero que se aceleraría su práctica. Poco de ello se ha hecho tangible. El pasado miércoles se celebró un Consejo de Ministros extraordinario que prometía mucho y se quedó aparentemente en nada. Más allá de la evaluación del esfuerzo fiscal para salir de la crisis (50.000 millones de euros) y la creación de los primeros 100.000 puestos de trabajo relacionados con la inversión pública (en un océano de más de cuatro millones de parados), poco supimos de la auditoría a las más de 90 medidas del Plan E. ¿Cuáles se tomaron como consecuencia de la campaña electoral y son inanes para las prioridades actuales?; ¿cuáles se han aplicado al cien por cien y cuáles están retrasadas?; ¿cómo ha evolucionado el calendario de reformas que se anunciaron en el anterior Consejo de Ministros extraordinario, en pleno mes de agosto? No ha habido ejercicio de transparencia y es dudoso que la eficacia del Plan E se lleve voluntariamente al debate de mañana en el Congreso.

En cambio, forma parte de la ortodoxia política que si hay más actuaciones de estímulo macroeconómico, ayudas sectoriales o de protección social (cada una de ellas con su memoria económica, ¿recuerdan?), el presidente del Gobierno las haya reservado para el Parlamento. Por ejemplo, la ampliación de la ayuda a los parados sin subsidio de desempleo (que son casi un millón de personas). Generalizar la renta mínima de reinserción requiere un pacto con las comunidades autónomas, que son las que tienen esa competencia. Esa renta mínima, salario social, o como quiera llamarse, no equivale a lo que comúnmente se denomina Renta Básica de Ciudadanía, unos emolumentos que se conceden a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo, no para serlo. Aparte de las dificultades de financiación, los expertos del Gobierno indican que si en estos momentos se aprobase una renta básica universalizada, volverían a generalizarse los flujos de inmigración que se han contenido por la profundidad de la crisis.

Las sensaciones del debate del Estado de la Nación influirán en el voto de las elecciones europeas y darán más pistas sobre las líneas maestras de los Presupuestos 2010. Cuando éstas empiecen a negociarse con los grupos parlamentarios se cumplirán más o menos los cien días de nuevo Gobierno. El tiempo de respeto en una situación normal. Entonces tendrá que emerger de las sombras la nueva vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, hasta ahora actriz secundaria de la política económica contra la crisis.