La hipoteca de Ibarretxe

Diez años, cuatro meses y tres días habrá durado el mandato de Juan José Ibarretxe -el quinto lehendakari del PNV de la historia de la autonomía, el tercero de la democracia- cuando el Parlamento de Vitoria elija mañana como sucesor al socialista Patxi López. Y dará paso, por primera vez en 73 años, desde el primer Estatuto de Autonomía de 1936, a un Gobierno vasco no nacionalista. Probablemente, en esa dirección irán las líneas que las enciclopedias le dediquen a Ibarretxe: lehendakari del PNV de 1999 a 2009 que promovió un estatus de libre asociación del País Vasco con España, tras cuyo mandato ese partido perdió el poder dando paso al primer Ejecutivo socialista de la historia de Euskadi.

El País Vasco ha vivido con él los diez años más convulsos de la democracia

El balance que arrojan sus más de 10 años en Ajuria Enea difiere según se contemplen desde el punto de vista de los intereses del PNV o desde el de la estabilidad y la convivencia política en Euskadi y entre esa comunidad autónoma y el resto de España. En el primer aspecto, la lectura es también doble. Nadie puede negarle que ha proporcionado a su partido 10 años más en el poder y que lo ha devuelto a una posición más consolidada y hegemónica dentro del espacio electoral nacionalista. Lo tomó con 21 parlamentarios y lo deja con 30, muy cerca de su cota más alta (32), lograda en 1984 con Carlos Garaikoetxea. Si tal fue el objetivo del PNV cuando en 1998, visto su persistente estancamiento electoral, optó por la acumulación nacionalista en el Pacto de Lizarra, puede considerarlo cumplido.

Sin embargo, nadie puede tampoco pasar por alto que el precio de la política que ha practicado Ibarretxe ha sido el aislamiento del PNV, hasta el punto de arrojarle del poder, en el que había estado ininterrumpidamente desde 1979.

La razón es que esa recuperación, que ha amortizado en 23 años las pérdidas que le ocasionó la escisión de EA en 1986, se ha realizado a costa del escoramiento hacia posiciones soberanistas y la ruptura de puentes con los no nacionalistas. El precio ha sido la pérdida de la centralidad y la incapacidad para pactar con alguno de los dos partidos (PSE o PP) que podrían haberle evitado pasar a la oposición.

El todavía lehendakari en funciones ha sostenido esa posición contra viento y marea, manteniéndose en el poder una década siempre gracias a la izquierda abertzale. No se ha parado ante nada. En el camino, se ha llevado por delante a un presidente de su partido, Josu Jon Imaz; ha deteriorado hasta el extremo sus relaciones con el Gobierno central, primero con José María Aznar y después con José Luis Rodríguez Zapatero, y se ha estrellado en dos ocasiones -con el plan Ibarretxe en 2005 y con el intento de consulta en 2008- contra los límites de la realidad. Ahora se los deja a su partido como "hitos democráticos" a los que, a su entender, habrá que volver algún día. El PNV tendrá que decidir si es así o no.

Desde el punto de vista de la estabilidad de Euskadi, han sido los 10 años más convulsos y de mayor deterioro de la convivencia y división política, e incluso social en algunos momentos y asuntos, de la democracia. Las situaciones más crudas han estado relacionadas con su comportamiento ante atentados de ETA, y abrieron una brecha insalvable entre él y la gran mayoría de las víctimas de la banda.

Probablemente, fue su dependencia de la izquierda abertzale lo que le llevó a interponer esa distancia incomprensible. Se inició con su reacción ante el asesinato del ex vicelehendakari socialista Fernando Buesa en febrero de 2000 y siguió con sus roces con la familia de José Ramón Recalde junto a la cama del ex político herido en septiembre de ese mismo año, o ante la del hoy secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, al que ETA intentó matar en febrero de 2002.

Y ha terminado con su olvido del asesinato del empresario Ignacio Uria, cometido hace cinco meses en Azpeitia, en el primer día de la pasada campaña electoral peneuvista y con su silencio y frialdad ante la amenaza que ETA acaba de lanzar sobre Patxi López y su Gobierno, al declararlo "objetivo prioritario".

El empeño de Ibarretxe no se ha traducido tampoco en avances en el autogobierno, más bien al contrario. Ibarretxe no ha desbloqueado en 10 años ninguna transferencia, hasta que el PNV obtuvo la de I+D+i en la negociación presupuestaria de este año. Durante su mandato se han reformado los estatutos de seis comunidades, mientras el vasco perdió su ocasión en el Congreso por el radicalismo de su proyecto de reforma, el conocido como plan Ibarretxe.

En lo doméstico, los ayuntamientos vascos son los únicos de España sin una ley financiera autonómica, lo que les aboca a la inseguridad presupuestaria. Otro tanto ocurre con las políticas de empleo. Euskadi es la única comunidad que no las tiene traspasadas, lo que le resta 120 millones de euros anuales para luchar contra el desempleo.

Con un Gobierno siempre en minoría a pesar de haber llegado a reunir a tres partidos, Ibarretxe ha recorrido sus tres mandatos al albur de la izquierda abertzale: con sus votos ha sido investido lehendakari y sólo gracias a ellos pudo sacar adelante en el Parlamento vasco sus dos polémicas iniciativas soberanistas. Nada se le puso por delante: ni la dependencia de esos votos, ni su propia promesa de no promover una consulta mientras persistiese el terrorismo ni siquiera la advertencia de la mitad de la Comisión Jurídica Asesora del Ejecutivo vasco, elegida por su propio Gobierno, sobre la inconstitucionalidad del proyecto, que sólo logró su aval por el voto de calidad de su presidente.

La desautorización más insistente que lanza ahora sobre su sucesor es que mañana será lehendakari no por voluntad popular, sino gracias una decisión judicial, la anulación de las candidaturas de la izquierda abertzale radical, que ha sacado del Parlamento autónomo esos votos que le han mantenido a él más de 10 años en el cargo.