Hernández considera "práctica habitual" los falsos fin de obra

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, considera una "práctica habitual" de todas las administraciones públicas la certificación de obras inacabadas "cuando es necesario cumplir el plazo para cobrar una subvención", como habría sucedido, según él, en el caso de la variante de Lira, en Salvaterra de Miño, que la Diputación Provincial de Pontevedra certificó como acabada con su firma y la del director de la obra, cuando apenas se ha iniciado el movimiento de tierras. Pese a ello, Sercoysa, empresa en la que trabajó el conselleiro, cobró de la Diputación 331.629 euros por la obra terminada. Hernández insistió ayer en negar que él hubiera certificado nada y desplazó las responsabilidades al director de la obra, Baltasar Pujales Estévez. El PSdeG considera "indefendible" que siga en la Xunta.

"Es un mecanismo habitual para no perder una subvención", reiteró ayer el conselleiro, tras la ceremonia en la que dio posesión de sus cargos a la nueva directora general de Infraestructuras, Isabel Vila, y del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Antonio José Boné. "Mi recorrido profesional es conocido, no está escondido por ningún tipo de sombras. Trabajé en Sercoysa, pero la obra

fue adjudicada cuando yo ya no estaba en la empresa ni en la Diputación", afirmó el conselleiro.

La obra, según las fechas que figuran en la propia certificación, fue adjudicada el 27 de octubre de 2006 y Sercoysa ha atribuido a "un error" que Hernández figurara en el Registro Mercantil como su apoderado hasta el 4 de enero de 2008. La construcción del vial tenía que estar concluida en 2007, pero la Diputación de Pontevedra solicitó al Ministerio de Administraciones Públicas una prórroga de un año, que le fue concedida. Podía haber solicitado otra prórroga, según expuso el BNG, denunciante del caso, pero en lugar de hacerlo, liquidó el contrato con Sercoysa falseando el fin de obra. "Yo no firmaba certificaciones, sino el conforme para que pudiera seguir el procedimiento administrativo", precisó.

La certificación de que la obra había sido realizada es una competencia del director de la misma, Baltasar Pujales, quien lo hizo, según Hernández, tras solicitar a la contratista Sercoysa la garantía de un aval por la cantidad que iba a recibir aunque el proyecto no estuviera ejecutado.Agustín Hernández no pudo precisar si en la fecha en que firmó la certificación de la obra como director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, 19 de diciembre de 2008, ya obraba en la Diputación el aval de Sercoysa. "Entiendo que es así, pero esa verificación le correspondía al director de la obra", señaló.

El conselleiro tampoco aportó más luz sobre los motivos que determinaron a certificar la obra y pagarla en lugar de solicitar una segunda prórroga al Ministerio de Administraciones Públicas, que subvencionaba el 50% de la misma. "Yo entendí que estábamos en un último período y que concluían los plazos. Habrá que preguntar al director de obra si había posibilidad de solicitar otra prórroga y, si la había, por qué no se hizo", adujo Hernández.

La obra se fue retrasando, según expuso el conselleiro, porque faltaba un permiso de la Confederación Hidrográfica para continuarla. Adjudicada en 2006, la certificación señala que fue ejecutada entre el 1 y el 19 de diciembre de 2008 por valor de los citados 331.629 euros, que se suman a otros 60.235 de "obra ejecutada anteriormente" y sin que quede nada de "obra pendiente de ejecutar".

"Este tipo de certificaciones de obras es una práctica habitual, no es ni anómala ni irregular, sino un mecanismo que suele hacerse a finales de año para cumplir anualidades y conseguir que una subvención no se pierda", resumió el conselleiro, que invitó a socialistas y nacionalistas a ir a los tribunales "si piensan que hubo ilegalidad".

Por un caso análogo, certificar en falso la construcción de un camping que había recibido subvención de fondos europeos, están procesados los alcaldes de O Covelo y A Cañiza, José Costa y César Mera, respectivamente, para quienes la Fiscalía de Pontevedra pide cuatro años de prisión por los delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos. Ambos regidores alegaron, igual que ahora el conselleiro, que habían firmado las certificaciones para poder cobrar las ayudas europeas.

Tanto BNG como PSdeG han blandido la posibilidad de llevar a los tribunales el caso de la variante de Lira, aunque por el momento optan por agotar la vía política, singularmente en el seno de una comisión parlamentaria de investigación, para esclarecer las presuntas incompatibilidades en que Hernández pudo incurrir al trabajar en la Administración y posteriormente en empresas a las que adjudicó obras como cargo público.

El portavoz del área institucional del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, consideró ayer "indefendible" que Hernández siga en su puesto. La variante de Lira, dijo, "prueba" su manera de concebir la gestión y "choca frontalmente con los anuncios" de Alberto Núñez Feijóo en su discurso de investidura. Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, admitió "el valor" del conselleiro al hacer ayer "un reconocimiento expreso de su culpabilidad".