La falta de medios impide la presentación de querellas

La denuncia viene de lejos y se repite año a año. La falta de medios en las fiscalías de la Comunidad Valenciana condiciona el trabajo del ministerio público, y una nueva prueba de que la situación no mejora a pesar de las continuadas promesas de la Generalitat emerge ahora de la memoria anual de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo que dirige Antonio Vercher.

El repaso a la actividad de 2008 deja constancia de que la ausencia de medios suficientes aqueja a numerosas fiscalías españolas, entre ellas la de Castellón, cuyo comentario destaca Vercher: "Al disponer de una única fotocopiadora y aún siendo la querella el medio más idóneo para ejercitar la acción penal, en la sección [de Castellón] no se interponen querellas, sino denuncias, para no tener que acompañar las oportunas copias".

Valencia constata "frialdad" en la Generalitat al pedir información

Una sola fotocopiadora para todo el material que genera el trabajo de 25 fiscales en Castellón. No hay más, por lo que los dos fiscales que se encargan de los delitos de medio ambiente y urbanismo evitan las querellas porque implica entregar fotocopias de las actuaciones a todas las partes, mientras que con la denuncia basta una dirigida al juzgado. El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ya lo avisó en mayo de 2008, cuando calificó la situación de "insostenible" y de "caótica". Y el pasado jueves, se quejó de nuevo la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que tildó de "mísera" la situación tras el recorte del servicio de taxis para los fiscales.

La Fiscalía de Castellón también destaca en su informe a Vercher "lo difícil" que resulta compaginar "el despacho ordinario del juzgado y las numerosas visitas asignadas todos los meses" con la especialización en delitos medioambientales. Implica un "sobreesfuerzo que en ocasiones, más de las deseadas, llega a la desesperación" cuando los asuntos son complejos. Una circunstancia que abunda en el déficit de medios materiales y de personal.

A ello se suma que las relaciones "problemáticas" de las fiscalías de urbanismo y medio ambiente con las administraciones autonómicas, como apunta la memoria. El caso valenciano no es una excepción. La Fiscalía de Valencia detecta "una cierta frialdad oficial, por el recelo con el que se han recibido algunos de los oficios que se les ha enviado recabando información de determinados expedientes". También es revelador el resultado de la petición de información a los ayuntamientos de la provincia de Valencia sobre los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable. De los 264 oficios enviados el año pasado, en enero la Fiscalía sólo había recibido 98 respuestas. En 40 casos contestaron que no había expedientes sancionadores, por lo que la Fiscalía de Valencia concluye: "O bien nos encontramos ante la idílica situación de absoluto respeto a la normativa urbanística, o como nos tememos, sencillamente los ayuntamientos hacen absoluta dejación de sus funciones". De los 58 municipios que sí han abierto expedientes, sólo 15 lo hacen de forma regular y dos (Llíria y Chiva) transmiten regularmente información a la Fiscalía.

La memoria apunta que las fiscalías valencianas incoaron 721 diligencias de investigación relacionadas con el medio ambiente, ordenación del territorio, flora y fauna, patrimonio histórico, incendios forestales y maltrato a animales. Además, registraron 279 procedimientos judiciales. Hubo 19 sentencias condenatorias y 8 absoluciones, y 16 detenidos por 14 incendios.