Cuando el dolor es espectáculo y poder

"Marta del Castillo sale un día normal". (...) "El padre se cabrea, cree que llega tarde, pero ella nunca volvió, por culpa de un cobarde". (...) "Que le den condena a ese hijo de puta. Se merece una muerte lenta". (...) "Los asesinos duermen en casita, gracias a las leyes. ¿Quién pone las leyes? Dignidad les falta". "¿Qué más da si es menor de edad? Cambiarían las leyes si su hija fuese Marta". (...) "¿Cuántos maltratadores andan sueltos? ¿Cuántos asesinos están en la puta calle? ¿Cuántos etarras andan con normalidad? La sociedad está llena de mierda y esto no es normal".

En su canción de pésame a la joven desaparecida, el rapero gaditano David Fernández, alias Mowlihawk, condensa bien el explosivo estado de opinión que viene gestándose en los últimos años, al calor del espanto y la indignación acumulada ante el listado de crímenes monstruosos. Miriam, Antonia, Desirée (las niñas de Alcàsser), Susana Ruiz, Anabel Segura, Sonia Rubio, Mónica Juan Roig, Eva Blanco, María Ángeles Pomares, Leticia Baños, Rocío Wanninkhof, Virginia Acebes, Mari Luz Cortés, Sandra Palo, Marta del Castillo..., cada uno de estos nombres es un puñetazo directo al corazón, una sacudida emocional colectiva, una llamarada de rabia que convoca a la acción y exige resultados: que los cojan, que los castiguen, que los...

Los afectados han aprendido a pulsar los resortes de los medios y del poder

Las sociedades democráticas gobiernan a golpe de encuestas

La telerrealidad extiende la idea de que no se persigue a los culpables

Con tanta agitación nadie se pregunta de dónde salen estos asesinos precoces

Las familias que protestan, ¿están habilitadas para definir penas?

El problema es también una justicia lenta, de errores dramáticos

En una sociedad sentimental y solidaria como la española, el secuestro, violación y asesinato de niñas y jóvenes desata una oleada de empatía hacia las víctimas que, de la mano del miedo, recorre las calles, se aposenta en los hogares e interpela a los poderes públicos: "¿Qué hacen la policía, los jueces, el Gobierno?". De la misma manera que la víctima necesita aliviarse con la detención de su agresor, también la sociedad busca sosiego en el arresto del delincuente, en la neutralización de la amenaza y la prevención del delito. Ha sido así desde siempre, pero lo que ha cambiado en los últimos tiempos en nuestro país es el trágico protagonismo social y político asumido por los padres de las víctimas y el despliegue mediático, principalmente televisivo, que, a menudo, transforma estos dramas en espectáculo de consumo morboso. Desde las niñas de Alcàsser, las familias atacadas, víctimas ya de por vida de un quebranto irremisible, han venido ganando terreno en la esfera pública a través de los medios de comunicación y de las campañas callejeras de recogida de firmas, concentraciones y manifestaciones populares orientadas a exigir el endurecimiento de las penas.

Las familias de las niñas asesinadas han aprendido a pulsar los resortes del poder y de los medios de comunicación porque el instinto les dice que sacar adelante sus propuestas en una sociedad democrática pasa por intervenir sobre la opinión pública. Han ocupado buena parte del espacio público exponiendo descarnadamente su dolor, canalizando su aflicción y su ira, recabando la solidaridad de las gentes, exigiendo el castigo debido a esos malvados, psicópatas y sádicos que les han destrozado la vida. En el país que reformó su Código Penal en 1995 sin que izquierdas ni derechas discreparan apenas sobre las penas asignadas a los delitos, ellas, las víctimas, se han erigido en el elemento motor de posibles cambios legislativos.

La escena se repite: tras peregrinar por media España y visitar los estudios de televisión y de la radio, los padres de las niñas violadas y asesinadas llegan al palacio de la Moncloa con el respaldo de cientos de miles o millones de firmas ciudadanas que reclaman más dureza y menos miramientos con los delincuentes, más cárcel y menos permisos penitenciarios y reinserción. El presidente del Gobierno y el ministro de Interior multiplican con ellos las palabras y gestos de cariño, escuchan atentamente sus iniciativas y les dicen que estudiarán el cumplimiento íntegro de las penas, aunque sin ocultarles que la aplicación de algunas propuestas exigiría la reforma constitucional. "Pues que se cambie la Constitución", sentencian los padres de las asesinadas, a la salida de La Moncloa. "Que se haga un referendo popular", reiteran, tras su encuentro con el líder de la oposición. El PP se suma, aparentemente, a la causa del endurecimiento de las condenas y las campañas prosiguen y hasta se superponen. No hay consuelo posible capaz de rellenar el pozo de amargura que deja la desaparición de una hija arrebatada de esa manera, pero las víctimas necesitan aliviarse en una práctica jurídica que entiendan como justicia.

El hábito de gobernar sin levantar la vista de las encuestas, característico de las sociedades mediáticas y democráticas, tiende a considerar a la opinión pública como un potencial soufflé que puede ser calentado o enfriado a voluntad. Confortar a las víctimas es un gesto humano, muy necesario en el caso de estos padres desconsolados, aunque la cuestión de fondo es que está conformándose una poderosa corriente de opinión por el cumplimiento íntegro de las penas, el endurecimiento de las condiciones carcelarias y las reformas del Código Penal y de la Constitución, en aras a la instauración de la cadena perpetua. Discurre en espiral y se reactiva con las sacudidas emocionales colectivas que producen esos crímenes horrendos y con las lagunas y errores judiciales, tan frecuentes. El caso de De Juana Chaos -exponente de una falta de correspondencia entre la pena impuesta y el número y gravedad de los delitos- ha influido notablemente en el fortalecimiento de ese clima de opinión. "El cuerpo pide que pague el asesino, y eso es lo que expresan las víctimas, pero hay que tener en cuenta que en sus demandas hay también una parte racional. Yo estoy de acuerdo en que hay que ser más duro con los violadores de niños porque demasiados de ellos reinciden. El problema está, sobre todo, en la instrumentalización que hacen de todo esto algunos medios de comunicación", subraya Arturo Canalda, defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Voceado desde los altavoces de las caravanas de coches que recorren pueblos y ciudades y desde los platós de televisión, los estudios radiofónicos y los periódicos, el mensaje de que tenemos una legislación muy floja, timorata, de condenas ligeras y escaso cumplimiento está calando a fondo en la sociedad. Los 2,3 millones de firmas por la condena a perpetuidad de los pederastas asesinos, recogidas por la familia de Mari Luz Cortés, la niña asesinada en Huelva por un pederasta reincidente que se encontraba en libertad por una cadena de fallos del sistema judicial, son muestra del alto respaldo social a estas creencias.

Da igual que los entendidos nieguen fundamento a esa percepción y que la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, advierta de que el número de reclusos se ha incrementado notablemente -en nueve años ha pasado de 39.000 a 75.000-, sobre todo por las reformas últimas del Código Penal en materia de tráfico y de violencia de género. Da igual, porque "la cuota de audiencia lo justifica todo y el morbo se impone sobre la ética profesional. Se ha generado un clima de opinión muy difícil de manejar. Los programas sensacionalistas han creado el caldo de cultivo para que la gente piense que a los delincuentes no se les persigue verdaderamente en nuestro país", afirma Arturo Canalda. Escandalizado por lo que sus ojos y oídos constatan casi a diario, principalmente en la telebasura, cree llegado el momento de que las instancias judiciales tomen cartas en el asunto y pongan freno a tantos desmanes mediáticos contra el derecho a la intimidad y al honor perpetrados bajo la falsa coartada de la libertad de información y expresión. "Deben también intervenir las comisiones deontológicas de las asociaciones de prensa; hay que establecer un código de conducta, un libro blanco que, sobre todo, ponga particular énfasis en el tratamiento informativo de los menores. Alguien tiene que poner sentido común en un asunto tan sangrante", indica.

Barato de producir y altamente rentable en términos de audiencia e ingresos, el morbo audiovisual apenas genera reproche profesional en nuestro país. De hecho, periodistas caracterizados en el ejercicio de ese género imparten clases en la Universidad, y cabe suponer que no expondrán su quehacer propio como ejemplo de lo que nunca debe hacer un profesional del periodismo. El juicio por calumnias e injurias, que ha quedado listo para sentencia en Valencia, contra el padre de una de las niñas de Alcàsser, un abogado "criminólogo" y dos periodistas de la televisión pública valenciana ha ofrecido una muestra elocuente de cómo la falta de escrúpulos profesionales puesta al servicio de la cuota de audiencia se alía con la incuria, la estulticia, el oportunismo ramplón y la codicia.

La actitud del supuesto asesino de Marta del Castillo, que torea a la policía, a los jueces y a sus propios abogados con pistas falsas sobre el paradero del cadáver, y el comportamiento, entre otros, del denominado asesino de la catana, que acudió a un concurso de televisión tras cumplir la pena que se le impuso como menor de edad por el asesinato de sus padres y de su hermana, ilustran la validez del concepto "banalización del mal", acuñado en su día por Hannah Arendt para expresar el sentido de irresponsabilidad con que se conducían los asesinos del Holocausto. Entre tanta agitación mediática no parece haber espacio para que nos preguntemos de dónde salen todos estos asesinos precoces que intervienen en los casos de Marta y de Sandra Palo, de qué pasta familiar, educacional, ambiental están hechos.

A la vista del tratamiento procaz con que determinados medios de comunicación abordan estos crímenes atroces que revuelven las entrañas de la sociedad y de las caretas de la sensibilidad y del interés general con que se disfraza la búsqueda obscena del provecho, puede que debamos consignar también el concepto "banalización del bien".

La mitad de los jóvenes se manifiesta partidario de la pena de muerte, en un país cuyo ordenamiento jurídico orienta el castigo penal y la prevención del delito al fin principal de la reinserción social del penado. ¿No cabría preguntarse por las razones de este fenómeno? La pregunta es si la sociedad española y su clase política están dispuestas a aplicar medidas como la cadena perpetua y a deshacer el camino legislativo labrado durante la democracia, o si se conforman con rellenar las lagunas y rectificar los errores del sistema.

La pregunta es también si las familias que encabezan esa dinámica están habilitadas para buscar la justicia o sólo pueden pretender venganza, puesto que ni la más exigente de las leyes podría rescatarles de su condición de perdedores. Las víctimas son inocentes en la medida en que sufren una agresión inmerecida, pero eso no significa que sean personas inmaculadas, ni que su sufrimiento les otorgue patente de corso o la cualidad de ejemplares. Puede que no quepa secundar ciegamente sus demandas, y tampoco escandalizarse y descalificarlas por principio. Aunque sujeta a revisión por los jueces o a un posible indulto, la denominada cadena perpetua figura en el ordenamiento jurídico de democracias consolidadas.

"Estoy de acuerdo con el fin reinsertador de la pena, pero siempre que esté unido al reconocimiento del daño. No debería haber redención sin reinserción. Las víctimas nunca hemos hecho uso, ni apología, de la justicia privada", subraya Ángel Altuna, psicólogo y miembro del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), donde, debido a la dolorosa secuencia de asesinatos y acoso de decenas de años, se ha meditado larga y profundamente sobre la victimización y la justicia.

El problema es ese viento de demagogia caliente que transmite el "rap del pésame a Marta", el crepitar manipulado del dolor de las víctimas, la agitación ideológica interesada en diagnósticos abracadabrantes que responde al objetivo último de tumbar el sistema. Y el problema es también una justicia lenta, de errores dramáticos. Puede que haya llegado el momento de pasar de la fase puramente sentimental a la de la racionalización del asunto. Para eso, hará falta que los poderes públicos encaucen de forma pedagógica el debate sobre la manera con que la sociedad debe hacer frente a esos graves y horribles delitos.