El director de Gisa en la época de CiU tenía un blindaje de 560.000 euros

Una firma metropolitana indemnizó con 400.000 euros a un directivo jubilado

Gisa, principal empresa constructora del Gobierno catalán, tenía directivos con contratos blindados, según ha detectado el informe de la Sindicatura de Comptes de 2004, presentado hace unos días al Parlament. El contrato correspondía al director general de la empresa, Xavier Borràs, que fue contratado en 1991 y despedido en 2004, al llegar al Gobierno el tripartito. Borràs fue indemnizado con 560.000 euros. No es el único contratado que se ha ido de la Administración pública con una fuerte indemnización; la Empresa Metropolitana de Saneamiento (EMSSA) tuvo que indemnizar con más de 400.000 euros a su gerente, José Carlos Fernández Rubio, quien el año pasado, una vez cumplidos los 65 años, se negó a jubilarse.

Al hacerse cargo de Política Territorial, Joaquim Nadal decidió renovar los directivos de las empresas públicas de su departamento y se topó con contratos blindados, pese a estar prohibidos. Uno de ellos fue el de Antonio Herce, que estaba al frente de Ferrocarrils de la Generalitat. Nadal negoció el despido con una indemnización improcedente por el mismo importe del blindaje, a cambio de la renuncia a este último. El contrato de Herce se hizo público, entre otros motivos porque la empresa había formalizado también un plan de pensiones para algunos de sus directivos (incluido el propio Herce) a espaldas del consejo de administración. En cambio, el contrato de Xavier Borràs no fue dado a conocer y ha sido el informe de la Sindicatura el que lo ha desvelado.

"Cuando encontramos el contrato consultamos con los servicios jurídicos para ver si había algún modo de anularlo", explicó el portavoz oficial de Política Territorial. La respuesta, siguió explicando, fue negativa y se procedió a buscar otros mecanismos que redujeran el importe de la indemnización. Finalmente, el método pactado con Borras fue el abono completo de la cantidad en diversas fracciones, a cambio de su asesoramiento en las obras de la línea 9 del metro como experto en túneles. Pese a todo, al cabo de unos meses se procedió a la rescisión total de la relación laboral y al abono de las cantidades pendientes hasta alcanzar la suma de 560.000 euros.

EMSSA indemnizó con más de 400.000 euros a su gerente, José Carlos Fernández Rubio, quien el año pasado, una vez cumplidos los 65 años, se negó a jubilarse de la entidad. Fernández Rubio disponía de un contrato blindado que le aseguraba percibir esta cantidad en caso de despido. Según el informe de cuentas anuales de EMSSA de 2008, Fernández Rubio cobraba 74.046 euros anuales como gerente del organismo. Su relación laboral con la empresa empezó en 1984, cuando la legislación todavía permitía la firma de contratos blindados de alta dirección por los cuales el trabajador podía percibir, en caso de despido, una indemnización muy superior a la establecida legalmente.

Como Fernández Rubio cumplió 65 años en 2008, la dirección de EMSSA le invitó a jubilarse. Según fuentes de la empresa, presidida por el concejal socialista del Ayuntamiento de Barcelona Francesc Narváez, el gerente no "encajaba con el nuevo planteamiento estratégico de la empresa". EMSSA solicitó un informe jurídico para explorar las posibilidades de cese del contrato. Pero el documento dio la razón al trabajador, ya que la relación laboral de los altos cargos no establece la obligación legal de jubilarse a una determinada edad, ni siquiera a los 65 años.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS también ofrecieron un diagnóstico similar: la legislación catalana prohibió los blindajes a partir de 1995 y sólo para la Administración autonómica, no para la municipal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 29 de abril de 2009.

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