Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La juez cree que Benavides prevaricó para dañar a un rival

El alcalde de Almuñécar fue "injusto" con un concejal de IU

El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza, CA), suma una causa judicial más. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, Marta Cortés, ve "indicios de la perpetración" de un posible delito de prevaricación por parte del regidor, el ex concejal de Urbanismo González Pavesio y un funcionario del área. Cree que tomaron decisiones administrativas "injustas" contra un cámping y una escuela ambiental, administradas por Fermín Tejero, concejal de Izquierda Unida, que denunció los hechos.

Fue a raíz de que el edil se opusiera al urbanismo que promovía Benavides cuando comenzó el conflicto. En concreto, el regidor pretendía aumentar la edificabilidad de terrenos de vega, según Tejero, y él se negó. Por ello comenzó una "persecución", en palabras del propio edil de IU, que terminó con una denuncia cuya investigación prosperó en vía judicial. La juez, de hecho, considera que de las diligencias practicadas "se desprende que, a sabiendas de su injusticia, se promovieron, ejecutaron y dictaron resoluciones administrativas en contra de la entidad" del denunciante. Hasta cinco inspecciones se realizaron en las instalaciones respecto a las que se acordó el cese de su actividad en el Consistorio, si bien posteriormente fue anulado dicho acuerdo por un juzgado.

El regidor pudo tomar decisiones "injustas" contra el otro edil

Benavides pretendía, según Tejero, aumentar la edificabilidad en los terrenos de Karanda S. L. y se encontró con su oposición. A partir de ahí se iniciaron los conflictos y eso ha provocado la presentación por parte de IU de hasta seis recursos contencioso administrativos, la mayoría de los cuales están en tramitación.

Tejero acusa al alcalde de haber iniciado una "persecución política sin precedentes" y de perjudicar a una empresa desde hace años. Tanto el centro de educación como el cámping están "totalmente legalizados", según IU, desde 1995 pero actualmente están cerrados.

El concejal y copropietario del cámping explica que desde 2005 no han dejado de recibir visitas de inspección, informes "sin base alguna" y propuestas de sanción que tilda de "descabelladas" según documentos "incorrectos" y plagados de "errores". Tras este auto, es el Ministerio Fiscal y las partes son las que tienen ahora que formular el escrito de acusación para que se pueda celebrar el juicio. Tejero recrimina al Consistorio que lo siga "acosando". Desde que se iniciara el proceso, hace casi cuatro años, el expediente del centro y el cámping llegó incluso a "perderse" del Ayuntamiento sin que se pudiera consultar lo que constituye una "ilegalidad", subraya el denunciante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de abril de 2009