Fenomenal

A partir del incendio del teatro Princesa, a finales del pasado mes de febrero, gotean las páginas de información local noticias de derribos y ruinas de casas en el centro antiguo de Valencia. Probablemente las demoliciones avanzan al mismo ritmo inexorable de los últimos años, pero, por su valor simbólico, la pérdida del histórico coliseo valenciano ha tenido la triste virtud de poner el foco en la situación de profundo deterioro que sufren determinadas zonas de los barrios del Carmen y de Velluters.

El último episodio a cuenta de la degradación de la llamada Ciutat Vella ha sido la apertura de unas diligencias por parte de la Fiscalía del TSJ a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos del Carmen por los incumplimientos por parte del Ayuntamiento y la Generalitat del plan de rehabilitación. Al margen del recorrido judicial que pueda tener la insólita denuncia, el mero hecho de su interposición pone de manifiesto un descomunal estropicio político. Es una pésima noticia que las relaciones entre los ciudadanos y la Administración se diriman por la vía penal. La judicialización de cualquier conflicto siempre es una señal de alarma, un fracaso de la convivencia. Y en este caso, la denuncia de los vecinos al fiscal, por pocas probabilidades que haya de que prospere, es sobre todo reveladora de su nivel de hartazgo mayúsculo, por decirlo finamente.

La reacción por parte de ambas Administraciones ante la denuncia ha sido desigual. El vicepresidente del Consell Vicente Rambla ha dado una respuesta atemperada: "La Generalitat dará cumplida cuenta de las actuaciones realizadas en el barrio y de las que están pendientes", que demuestra su buena cintura política. En cambio, la reacción de la alcaldesa, Rita Barberá, ha sido proporcional a su humildad y capacidad de autocrítica: "La culpa es de los socialistas porque el centro histórico estuvo abandonado hasta que llegó el Gobierno municipal del PP". La respuesta de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha sido de manual: "Barberá podía haber rehabilitado Ciutat Vella en sus 18 años de mandato y el plan Riva, que ha sido el único instrumento que ha permitido las escasas actuaciones de rehabilitación, fue impulsado y desarrollado por los socialistas". La verdad es que ninguna de las dos tiene razón. Ambas Administraciones han sido extraordinariamente lentas en sus actuaciones proteccionistas. Al PSOE le costó Dios y ayuda poner en marcha el Plan Riva, que sólo entró en vigor al final de sus 12 años de mandato. Y el PP, en estos 18 años que lleva al frente del Ayuntamiento, ha sido incapaz de devolver la dignidad a cientos de edificios y decenas de calles del centro de la ciudad.

Teóricamente, los tiempos de crisis deberían ser propicios para la rehabilitación de edificios. Supondría una oportunidad de generar empleo en la construcción, tras el agotamiento de la obra nueva. Sería también el mejor frenazo a la presión urbanística sobre la huerta. Y además generaría un importante atractivo a la hora de poner en valor la ciudad como destino turístico. Pero para que todo eso fuera posible haría falta una gran dosis de voluntad política, una gran capacidad de dirección estratégica que hiciera caminar a tirios y troyanos, partidos, Administraciones e inversores privados en la misma dirección. Algo que no se ve por ningún lado, sino más bien todo lo contrario. El Consell apenas licita obra pública. En el Cabanyal siguen los derribos. En muchos barrios crece la miseria urbana y emerge el chabolismo vertical. Y para colmo, tras la irrupción del circuito urbano como elefante en cacharrería, las nuevas instalaciones del puerto, que tanto costaron de realizar con motivo de la Copa del América, se deterioran por falta de uso y de mantenimiento. Fenomenal oye.