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Los gitanos de Caritel piden volver a Poio por el acoso

Rechazan que se recurra la sentencia que les obliga a irse

"Nos han engañado". A media voz, Miguel Montoya y Mariano Silva, los patriarcas de las dos familias de etnia gitana realojadas en Caritel (Ponte Caldelas), dejan salir así su impotencia. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra, que anula el acuerdo plenario por el que la corporación de Poio adjudicó el inmueble a ambos clanes en el marco de un programa de erradicación del chabolismo, ha caído como un jarro de agua fría sobre los integrantes del colectivo calé.

El portavoz de los afectados, Sinaí Giménez, asegura que "las familias están hartas". Piden al alcalde de Poio, Luciano Sobral, que no recurra el fallo para no prolongar un conflicto que no acaba de resolverse. "Yo sólo quería estar tranquilo en mi casa, con mi mujer y mis hijos", apunta Mariano. Y es que desde que llegaron en febrero de 2008 a esta parroquia de Ponte Caldelas han vivido "amargados" por una oposición vecinal manifiesta que, cada sábado noche, se planta ante su casa para dejar claro, a voz en grito, su repulsa. La última concentración el pasado fin de semana culminó con la colocación de un siniestro muñeco atravesado por agujas en la entrada de la vivienda, según denuncian las propias familias. Una tensión que se ha incrementado en los últimos meses. Pese a ello, las dos familias afirman que sólo "cinco o seis viviendas" están en su contra y que la mayoría les da su apoyo. Lo que pasa, dice Mariano, es que "luego se juntan ahí 40 personas".

Los vecinos colgaron en la entrada de sus casas un muñeco con agujas clavadas

Los dos patriarcas y el mismo Sinaí, junto a la dirección de la asociación Pueblo Gitano, están dispuestos a iniciar una huelga de hambre si no se respeta su voluntad: ni soluciones provisionales ni continuidad en Caritel. Ahora, dicen, quieren "una vivienda definitiva en el término municipal de Poio" sin tener que pasar por el poblado de transición ni por un hotel, como tampoco contemplan regresar a las chabolas de O Vao.

Sinaí Giménez explicó que "fue ilegal firmar el convenio con Secretariado Gitano", acuerdo al que se opusieron en aquel momento y que deja ahora en la "indefensión" a las 11 personas que se trasladaron a esa aldea pontevedresa. De Secretariado Gitano, dicen, no quieren saber nada así que, a partir de ahora, será Sinaí quien les represente a todos los efectos. Para empezar, solicitarán al alcalde de Poio, el nacionalista Luciano Sobral, que convoque una mesa de trabajo para buscar soluciones.

Al regidor le exigen además "que empiece a buscar ya esas viviendas". Quieren "respeto" y que se les deje de tratar como a "conejillos de indias". Y acusan a las distintas administraciones de no ponerse en contacto con ellos para explicarles una situación a la que les han "condenado", después de que el derribo de sus chabolas en O Vao les obligase a iniciar un periplo por distintos establecimientos hoteleros antes de desembarcar en Caritel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de abril de 2009