La Generalitat paga 25 millones a las escuelas que segregan por género

Que algunos centros concertados puedan seguir separando alumnos por sexo y recibiendo dinero público se ha convertido en el principal obstáculo para que ICV-EUiA apoye la ley de educación que se debate en el Parlament.

Dos socios de gobierno, el PSC y ERC, ya han llegado a un principio de acuerdo sobre la ley con CiU, en la oposición. Pero Iniciativa, el tercer socio, sigue desmarcándose y ha hecho un estudio que cifra entre 25 y 30 millones de euros al año el coste para las arcas de la Generalitat de 15 centros que separan por sexo y cobran el concierto, según la diputada Dolors Camats. En Cataluña hay 18 centros privados que separan alumnos y reciben ayudas públicas, según la asociación de familias de alumnos Fapel.

El informe elaborado por ICV-EUiA computa el pago al profesorado de estos centros segregacionistas y la subvención que se les da por aula, como al resto de los concertados. En total, son 200 euros de ayuda mensual a los centros segregacionistas por cada alumno que escolarizan, dice ICV-EUiA. El Departamento de Educación no entra a valorar estos datos, aunque recalca que el coste es ínfimo con relación a los 5.100 millones a que asciende su presupuesto este año.

Mientras que ICV-EUiA se enroca, el PSC, ERC y CiU sellaron ayer un texto de consenso sobre la separación de alumnos que, a su juicio, permitirá no dar ayudas a los concertados que segreguen, pero también darlas. En el artículo 41 del proyecto consta que "la escolarizacion mixta será objeto de atención preferente". Y en el 187, se dice que será prioritario escolarizar alumnado "con domicilio habitual" (..) en la zona de la escuela "en la proporción que fije Educación". Muchos alumnos de estos centros son de fuera de la zona. El responsable de Educación de ERC, Carles Martínez, que ha participado en el pacto, dice: "Recibirá más quien más necesite y no recibirá quien no tenga necesidad". La enmienda de Iniciativa va más allá: "Deberá ser obligatoria" la escolarización conjunta y, por tanto, "no se podrá formar parte del servicio de educación y tener subvención", recalca Camats.El grupo de ICV-EUiA lanzó ayer un órdago a medias por la ley educativa. "¿Es un tema de país que las escuelas puedan segregar por sexo?", se preguntó la portavoz ecosocialista, Dolors Camats. Iniciativa sólo se sumaría ahora al acuerdo de la ley si se eliminara la opción de separación en los centros concertados. Para los ecosocialistas esta cuestión es casus belli y no apoyarán la ley en su conjunto. Se puede producir una votación separada en este punto en un pleno previsto para julio. ICV tiene hasta el 8 de mayo para sumarse al pacto.

Camats, irritada con sus socios PSC y ERC, lamentó que "para hacer leyes de país haga falta contar con CiU". Apelaba al orgullo del tripartito y a "la mayoría social que lo apoya". Socialistas y republicanos no van a mover sus posiciones, y mucho menos a cambiar el acuerdo con CiU que el mismo presidente de ERC, Joan Puigcercós, confirmó ayer.

Anna Simó, portavoz de Esquerra, admitió: "Las escuelas de élite tendrán muchas dificultades para recibir dinero público si separan por sexo". La socialista Carme Figueras matizó que, con el planteamiento de la ley, estaría permitido tanto subvencionar como no hacerlo a las escuelas de élite que segregan, mientras que con la actual norma es obligatorio el apoyo público.

Lejos de buscar el acuerdo con ICV, el diputado de CiU Josep Maria Pelegrí lamentó la actitud "limitadora de derechos" de la citada formación. Pelegrí advirtió que la propuesta de su coalición "no cabe" en el modelo ecosocialista.