"He ganado una batallita"

"He ganado una batallita". Rosa Talón lleva 20 de sus 69 años sufriendo acoso inmobiliario. A primera hora de ayer, estaba previsto que la deshauciaran de su vivienda y cestería, de alquiler, de la calle de Rogent del barrio del Camp de l'Arpa de Barcelona. Pero, en el último momento, llegaron buenas noticias. El fiscal ha pedido tres años de cárcel para el propietario del edificio por un "delito continuado de coacciones" contra la inquilina.

La abogada de Talón, Laia Serra, inmersa desde 2003 en un culebrón de pleitos cruzados, ha utilizado la petición del fiscal como argumento para detener el deshaucio. Es decir, aunque un juez civil había dado la razón al propietario y le autorizaba a echar a la inquilina, el hecho de que el fiscal observe indicios de delito en la actitud del dueño, paraliza la orden de deshaucio.

Talón y la FAVB reprochan al Ayuntamiento que no haya intervenido

"Esto nos da, al menos, medio año de tranquilidad", suspiraba Talón. El escrito del fiscal relata un caso de mobbing de manual. El propietario comenzó "desentendiéndose del estado de conservación del edificio y de sus instalaciones básicas", continuó tolerando la presencia de okupas en el inmueble, dejó de pagar el agua y se negó a cobrar el alquiler. Unas acusaciones a las que Talón añade amenazas.

Todo comenzó en 1985, cuando el propietario, José Ramón Bassas, compró el edificio, afirma el escrito del fiscal. "Cuando se desprendieron los primeros cascotes de la fachada, los niños todavía eran pequeños", recordaba ayer emocionada la cestera en el helado salón de la vivienda de la rebotica. La estancia, como la cocina, el baño y la habitación, está que se cae. El caso de Talón ha provocado una ola de solidaridad en el barrio, que amaneció ayer con un desayuno en la calle organizado por amigos, vecinos, miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y okupas: los que viven en el mismo edificio -luciendo pelucas de color fucsia, como el tinte que lleva Talón- y los del entorno, donde hay decenas de casas ocupadas. El escrito de la fiscalía fue recibido con aplausos ante una nube de cámaras de televisión.

Sentada en un banco, Talón decía estar "contenta pero cansada". "Las personas no estamos acostumbradas a estas cosas. La gente tiene mucho miedo y no denuncia a los propietarios", añadía. Uno de sus mayores reproches, dueño aparte, va dirigido a la Administración. "Me he sentido muy indefensa", aseguró tras recordar que, hasta nueve veces, ha pedido ayuda por escrito al Ayuntamiento y que se ha visto obligada a llamar a los bomberos en dos ocasiones.

"Es intolerable que el Ayuntamiento no utilice las herramientas legales que tiene para intervenir en estos casos", reprochaba el vicepresidente de la FAVB, Albert Recio. "Hasta el Síndic de Greuges se pronunció", recordó. En su escrito, el fiscal también solicita 6.000 euros de indemnización por daños morales. La fiscalía ha investigado varios casos acoso inmobiliario, como los de las calles de Robadors o Urgell. En éste, pide dos años de cárcel para el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Luis Miguel Pahissa por supuesto acoso a dos ancianas.