El desfalco en San Fernando supera los 7,6 millones de euros

Faltaba más dinero y desde hacía más tiempo. El desfalco detectado en el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), gobernado por el PA y el PP, se inició en 2003 y ya alcanza los 7,6 millones de euros. Es la cifra calculada por la intervención municipal que detectó hace unas semanas la falta de medio millón de euros de la caja en una auditoría ordinaria requerida por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Entonces sólo se había analizado el período comprendido entre enero y marzo de 2009. El alcalde, el andalucista Manuel María de Bernardo, aseguró ayer que estas nuevas irregularidades detectadas no han permitido encontrar más presuntos culpables que los dos funcionarios ya detenidos y puestos en libertad con cargos por el juez encargado del caso.

Lo sustraído supone entre el 8% y el 9% del presupuesto municipal

De Bernardo decidió comparecer públicamente ayer tras recibir un informe del interventor municipal el día anterior. "Estos resultados son producto de un examen manual de los apuntes de gastos e ingresos registrados en el Ayuntamiento durante un período comprendido entre el 31 de diciembre de 2002 y el 1 de abril de 2009", detalló el regidor. La cantidad desaparecida, según desveló De Bernardo, supone entre un ocho y un nueve por ciento del presupuesto del consistorio en cada uno de los años investigados. El Consistorio ya ha iniciado el trámite para formalizar una operación de crédito por el máximo legal que permita sanear la situación financiera municipal. "El pago a los proveedores se podrá garantizar", dijo el alcalde.

El edil reconoció que los controles municipales han fallado durante estos seis años. Aunque decidió repartir responsabilidades. "Los hechos pasaron desapercibidos para el pleno, para la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Consejería de Economía y las entidades bancarias con las que opera el Ayuntamiento", dijo. Y eludió cualquier responsabilidad personal. "La indignación que sentimos sólo es superada por nuestro empeño en esclarecer lo ocurrido".

La comparecencia pública del alcalde se produce cuando el caso sigue bajo secreto de sumario. Las defensas de los dos funcionarios detenidos por este caso han reclamado que se levante para tener acceso a todas las diligencias. Fueron denunciados por el Ayuntamiento porque, supuestamente, eran los únicos que tenían acceso directo al dinero. El abogado de uno de ellos, Ignacio Quintana, se quejó ayer de que su cliente le ha relatado "que por activa y por pasiva" había denunciado en los últimos años disfunciones en las cuentas de la caja municipal, pero sus superiores siempre restaron importancia a la falta de dinero.

El alcalde dijo ayer que el último informe de la intervención municipal no permite deducir que haya más implicados, que están en libertad con cargos.