Tortura y torturadores

El presidente Obama autorizó la pasada semana que se hicieran públicos cuatro memorandos redactados por la Oficina del Consejo Legal del Departamento de Justicia entre 2002 y 2005, en los que se desgranaban argumentos para avalar jurídicamente algunos métodos de interrogatorio brutales en las cárceles secretas usadas en la guerra contra el terror. La publicación de los memorandos ha supuesto el reconocimiento oficial de que los Estados Unidos de Bush practicaron la tortura. Pero la nueva Administración ha tratado de limitar, al mismo tiempo, las consecuencias que este reconocimiento podría acarrear sobre los funcionarios que la llevaron a cabo. El argumento empleado por Obama, y repetido por el fiscal general del Estado, Eric Holder, es que los miembros de los servicios de inteligencia se atuvieron de buena fe a los argumentos elaborados por orden del Departamento de Justicia y, por tanto, no deben ser castigados.

Obama corre un riesgo al dar una respuesta política a un problema que es también, y sobre todo, jurídico. Su estrategia de revelar la existencia de torturas y, simultáneamente, declararse dispuesto a proteger a quienes la llevaron a cabo obedece, sin duda, al deseo de poner fin a "un capítulo oscuro y doloroso" de la historia reciente de EE UU, según se expresó en el discurso posterior a la publicación de los memorandos. Pero lo que probablemente no esté en su mano es hacerlo de la manera en que pretende, puesto que no es la buena o mala fe lo que juzgan los tribunales nacionales e internacionales, sino las acciones que se realizan.

Reconocidos oficialmente los malos tratos, es de prever que la justicia estadounidense acabe acogiendo las demandas de quienes los padecieron. El relator de Naciones Unidas contra la Tortura Manfred Nowak ha recordado, además, que el castigo de los culpables es una exigencia de la Convención internacional para impedir esta lacra, de la que Estados Unidos forma parte. Y no habría que descartar que las Cámaras establecieran alguna comisión que hiciera muy costoso, si no abiertamente imposible, proteger de la acción de la justicia a los funcionarios implicados en torturas.

El desmantelamiento de la guerra contra el terror no sólo exige de Obama renunciar a sus instrumentos más inicuos, como está haciendo, sino también lidiar con la larga estela de sus consecuencias jurídicas.