Manos a la obra

La Ley de Dependencia nació a finales de 2006 con gran ambición política, pero tocada por una grave debilidad: la necesidad de coordinar con lealtad institucional al Gobierno central con los Gobiernos autónomos. A tal debilidad, que ha sido especialmente evidente en las comunidades de Madrid y Valencia, feudos del Partido Popular, se unió el apego a la burocracia de este país y los vaivenes que ha sufrido de ministerio en ministerio. Primero en manos del entonces responsable de Trabajo, Jesús Caldera, pasó posteriormente al Ministerio de Educación y ahora se traslada por tercera vez, adjudicándose a la nueva ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

El resultado de todo ello es el cierto retraso que está sufriendo la aplicación de una ley esencial para que el nivel de protección social de este país deje de estar a la cola de Europa. Ya hay 628.614 beneficiarios, pero se sabe que son muchas más personas las que tienen derecho a acogerse a ella (quizá el doble) y también se sabe que hay multitud de familias que siguen enredadas en el papeleo reclamando una prestación que les resulta urgente.

Ahora se abre una nueva ventana de esperanza. Incorporar la política social al Ministerio de Sanidad es plenamente coherente. No es descartable que aumente la eficacia de ambas políticas, dado que en ocasiones se solapan. Y son alentadores los primeros pasos de la nueva ministra, una mujer de la mayor confianza del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Jiménez parece decidida a dar a la ley el impulso que necesita. Así lo ha anunciado y en esa dirección han ido sus primeros gestos políticos. Más allá de los mismos, ha iniciado su mandato negociando con los Gobiernos autónomos un nuevo sistema de reparto financiero. Se acabó el café para todos y también el de hacer caja gracias a las transferencias económicas de Madrid sin el lógico seguimiento del uso de ese dinero, que en este año suma casi 1.600 millones de euros.

El 80% del dinero que reciben las comunidades se seguirá ateniendo al criterio (con ciertas correcciones) de la población, pero el 20% restante estará ligado a las evaluaciones hechas (para decidir si un solicitante tiene derecho a una determinada ayuda). Así, las regiones más diligentes en aplicar la ley, como Castilla y León o Andalucía, se verán beneficiadas frente a las que han arrastrado los pies, como Madrid y Valencia.

El criterio ahora establecido quizá no sea el óptimo. Por ejemplo, habría sido más sensato ligar ese 20% al número de personas ya atendidas y no a las evaluadas. El propio ministerio prevé tener que ir ajustándolo a medida que se desarrolle la ley y se implante en toda España, pero todo parece indicar que los gobernantes se han puesto manos a la obra.

La crisis económica no ayuda, pero esta ley es de largo recorrido y merece que se la tome en serio.