Camps reclama al nuevo Gobierno de Zapatero miles de millones de euros

El Consell plantará encima de la mesa del nuevo Gobierno de Zapatero una veintena de demandas que, traducidas a euros, significarían miles de millones. Cumplir sólo tres de estas peticiones le supondría al Gobierno el pago de unos 4.600 millones de euros -la suma de 1.100 millones de adelanto de la financiación, 2.500 del traspaso de las Cercanías de Renfe, y los cerca de 1.000 millones pendientes del protocolo de carreteras-.

La lista es larga de por sí y crece conforme la situación financiera de la Generalitat se agrava, hasta el punto de que algunas obras y servicios competencia del Consell se intentan ahora derivar al Estado. Es el caso de la línea del tren Gandia-Dénia, que la Generalitat asumió como propia y que ahora traslada al Ministerio de Fomento. O del acceso norte al puerto de Valencia, que en el protocolo de 2005 con Fomento quedó en financiarse con peajes. Y si el Gobierno español las niega, siempre queda el recurso al agravio o al "Zapatero castiga a los valencianos". El mensaje del PP es de una simpleza extrema, pero en Madrid reconocen la dificultad para hacerle frente.

El Consell endosa a Fomento su proyecto de tren Gandia-Dénia

Un alto cargo de la patronal dice que la nueva financiación es inaplazable

Antes del estallido del caso Gürtel, el presidente Francisco Camps y su Gabinete llevaban meses contando y recontando qué hacer con los 1.100 millones de euros que el Ejecutivo de Zapatero le prometió a finales de 2008 y que todavía no han llegado. Con esos millones deben pagarse las facturas de sanidad, educación y los servicios sociales autonómicos. También los planes anticrisis que el Consell ha presentado y que costarán unos 1.800 millones de euros, y los 1.000 millones de euros que adeuda a los contratistas de obra. El dinero no da.

Con el nombramiento del nuevo Gobierno de España, el Consell ha aprovechado para rehacer una lista de demandas, donde brillan con luz propia las de infraestructuras y la revisión de la financiación autonómica. "En mi opinión el problema más inmediato a resolver es un rápido acuerdo sobre financiación autonómica que, naturalmente, debe concluir con el reconocimiento de la financiación que nos corresponde de acuerdo a la población", dice un alto cargo de la patronal. Para un importante dirigente sindical del País Valenciano, un Consell exigente con Zapatero "no tiene que ser malo. Ya discutiremos si nos corresponde o no. El problema es qué se está haciendo con las políticas cofinanciadas en sanidad, educación, etc.".

Camps se verá el miércoles con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, para hablar de ese adelanto de 1.100 millones de euros con cargo a la revisión del modelo de financiación, pero en la Generalitat no esperan demasiado del encuentro. El ministro de Fomento, José Blanco, ya se ha reunido con Esperanza Aguirre para desbloquear inversiones atascadas desde hace años. Con la Generalitat no hay fecha todavía.

En este apartado, Camps pide que se cumpla el calendario para la llegada del AVE en las tres capitales, la creación de un corredor mediterráneo exclusivo para las mercancías, y el traspaso de la red de Cercanías de Renfe, con una partida adicional de 2.500 millones de euros. A estos habría que añadir otros 1.000 millones para financiar el protocolo de carreteras suscrito con Fomento. La lista sigue con la segunda circunvalación de Valencia, la ampliación de la A-3, la prolongación de la A-68 (Autovía de Aragón) hasta Vinaròs o el acceso norte al puerto de Valencia, un proyecto competencia de la Generalitat. Y cada día se añaden más demandas.

A estas peticiones se suman el pago del 50% del coste ocasionado por los dependientes o la recuperación de fondos para las campañas contra el tabaquismo, que el Gobierno retiró en su día porque la Generalitat no cumplía los requisitos. La consejera de Cultura, Trinidad Miró, reclama la participación del Estado en los gastos del IVAM y del Palau de les Arts. En el segundo caso pide la misma subvención que da al Liceu de Barcelona y al Teatro Real de Madrid. El ministerio ha respondido todo este tiempo que el Palau sólo lleva tres años en marcha y exige para aumentar sus aportaciones estar en el patronato. Con el ministerio de Ángel Gabilondo, el Consell quiere pactar el contenido de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y apoyo estatal para la construcción de colegios.

Entre los socialistas, partido de gobierno en España, la sensación es que el Gobierno "está respondiendo con hechos a la estrategia de confrontación del PP". "Pero nos falta una acción política intensa de explicación de la gestión de Zapatero", comenta un miembro de la ejecutiva de Jorge Alarte. "Al Gobierno le desconcierta ese doble lenguaje que practica el Consell; uno positivo a puerta cerrada, y otro partidista de puertas afuera".

Para este dirigente, el victimismo del Consell prende tan fácilmente porque tiene un fondo histórico de verdad. Nunca la Comunidad Valenciana ha recibido del Estado inversiones equivalentes a su PIB o su población. Los gobiernos de Zapatero tampoco lo han hecho, pero sí son los que más se han acercado.

Los socialistas esperan mucho del ministerio que dirige Blanco. Para empezar, ha sido el único en fichar a una valenciana, Inmaculada Rodríguez-Piñero, como secretaria general de Infraestructuras, un puesto clave para agilizar la tramitación de los proyectos. El PSPV-PSOE difícilmente colocará a nadie más en el nuevo organigrama, pero ya cuenta con otro activo importante, el presidente del ICO, el valenciano Aurelio Martínez.