Comunidades y ayuntamientos suman 300 millones al déficit eléctrico

Los números rojos sólo dan buenas noticias en la ruleta. Las compañías eléctricas, que emplean a buenos contables, lo saben. Por ello, están revisando sus cuentas con las Administraciones Públicas. Y se han encontrado con alguna sorpresa. Por ejemplo, que la deuda vencida con el sector de ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones públicas, incluidas autonomías, supera los 300 millones de euros, según cálculos de las distribuidoras más importantes.

Se trata de facturas que no se han pagado en el periodo voluntario, que para las administraciones es de dos meses y para los particulares de 20 días. Dicho de otro modo, los 300 millones son deuda en mora que, teóricamente, podría provocar cortes de suministro a los municipios y organismos deudores -nunca a los servicios esenciales- al cabo de cuatro meses de aviso de suspensión de servicio.

Pero con ser importante la deuda en mora, es una ínfima parte de la cantidad que las empresas del sector reclaman a la Administración en una negociación que dura ya meses. El centro de la negociación es el llamado déficit tarifario. Ese déficit, que se empezó a generar en época de los gobiernos del PP, resulta de la diferencia entre lo que cuesta a las empresas generar la electricidad y lo que ingresan por las tarifas que regula el Gobierno.

Difícil digestión

Es una bola, difícil de digerir, que supera los 14.000 millones de euros. Con un problema añadido: del total, 9.000 millones no se han podido titulizar. Traducido el término, significa que ningún banco ha querido adelantar a las compañías eléctricas ese dinero, que figura en sus balances como ingreso, a cambio de un interés.

La consecuencia desde hace meses es un inmenso lío. Para las eléctricas, para el Ministerio de Industria y para la Comisión Nacional de la Energía (que se encarga de gestionar la titulización del déficit). Para remediar la situación, las empresas han negociado con Industria una salida al problema que, según se espera, será aprobada en las próximas semanas. En este caso, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tiene un margen de maniobra estrecho porque -discusiones teóricas al margen- el Tribunal Supremo reconoció en febrero el derecho de las eléctricas a cobrar el déficit.