Las Cortes harán públicas en breve las actividades privadas de diputados y senadores

Las Mesas del Congreso y el Senado tienen previsto aprobar en las próximas semanas sendos acuerdos para que se hagan públicas cuanto antes las declaraciones de actividades de todos los diputados y senadores. La declaración de actividades es una formalidad obligatoria en ambas Cámaras por la cual todos los electos deben informar por escrito de sus actividades privadas y someterse al examen de una comisión que analice posibles incompatibilidades legales. La iniciativa está alentada por los presidentes de las Cámaras, José Bono y Javier Rojo, que esperan contar con el acuerdo de todos los grupos para poner fin al secretismo con el que se tramitan y aprueban las concesiones de compatibilidad de los diputados y senadores.

La Cámara alta tiene que aprobar aún el informe sobre 50 parlamentarios

El Congreso remitirá el martes a la Mesa la propuesta de reforma

La Comisión del Estatuto del Diputado, la encargada de analizar y aprobar las actividades de los diputados al margen del escaño, se reunirá el martes para concretar el acuerdo de hace tres semanas en el que todos los grupos aceptaron de forma genérica modificar el sistema de incompatibilidades para darle transparencia, después de que EL PAÍS publicara los dos informes reservados aprobados en esta legislatura. Los informes se aprueban en sesiones secretas, hasta el punto de que la mayoría de los diputados no sabe lo que vota.

El portavoz del PSOE y presidente de la Comisión, Francesc Vallès, que mantendrá contactos previos con el PP para buscar una posición común, quiere que se hagan públicos todos los informes y que se pida a la subcomisión que prepara la reforma de la Ley Electoral que incluya el estudio de una regulación más estricta de las incompatibilidades. Cuenta, en principio, con el apoyo del diputado de IU, Gaspar Llamazares. Ambos quieren también que el Congreso pueda investigar si se cumplen las incompatibilidades y no como ahora, que es casi un simple trámite.

La Comisión pedirá el martes a la Mesa del Congreso que apruebe un acuerdo para que se publiquen ya todos los informes. El acuerdo de la Mesa permitiría una interpretación amplia del actual reglamento, que prevé el trámite secreto.

La decisión afectaría a los dos informes ya aprobados en el Pleno en esta legislatura y a los futuros. Por ejemplo, la Comisión del Estatuto tiene pendiente dar el visto bueno a la declaración de actividades de una quincena de diputados que son también alcaldes o concejales y que deben renunciar a empresas municipales en cuyos consejos están presentes por su condición de ediles.

En el Senado, los portavoces de PP, PSOE y la Entesa catalana en la Comisión de Incompatibilidades (la equivalente en la Cámara alta), están de acuerdo en asumir como propia cualquier iniciativa para una mayor transparencia que se adopte en el Congreso. Igualmente, desde la Presidencia del Senado subrayan la coordinación permanente de los dos presidentes. El presidente de la comisión y presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), tiene previsto consultar con Rojo. La diferencia es que en el Senado aún queda por aprobar en pleno uno de los informes parciales sobre incompatibilidades que afecta a 50 senadores. El informe fue aprobado el martes por la Comisión y será elevado al pleno del 28 de abril para su aprobación definitiva.

De los avances que se produzcan en estos días depende que sea el primer informe de incompatibilidades que se hace público y se vota en sesión pública, con toda normalidad, como cualquier otra decisión de la Cámara. Sin embargo, en la última reunión de la Comisión, el pasado martes, los portavoces no trataron el asunto siquiera informalmente.