Castedo sube la reserva de suelo 11 millones de metros
Alicante abre una segunda fase de alegaciones al PGOU
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, que preside Sonia Castedo, del PP, ha incrementado en otros 11 millones de metros cuadrados la reserva de suelo no urbanizable común en su propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) respecto al documento inicial sometido durante tres meses a exposición al público.
El documento, síntesis de la propuesta inicial y las alegaciones aceptadas, fue aprobado ayer provisionalmente por el pleno de la corporación, merced a la mayoría absoluta del Grupo Popular. El Grupo Socialista votó en contra por "cuestiones de forma y fondo", precisó su portavoz, Roque Moreno.
La aprobación provisional del PGOU de Alicante, que el PP acometió hace 10 años, es una vez más transitoria. El equipo de gobierno ha acordado abrir una segunda fase de exposición al público, en este caso de un mes. Con esta iniciativa el PP pretender cerrar la puerta a un hipotético revés en los tribunales, semejante al cosechado por los populares en la ciudad de Castellón. El Tribunal Supremo anuló la aprobación definitiva del PGOU de la capital de La Plana porque el Consistorio obvió un nuevo trámite de información pública para que los vecinos pudieran alegar a las modificaciones al documento inicial.
El PSPV asegura que el documento solo responde al interés particular
En la primera fase de exposición, el PGOU de Alicante ha recibido 2.648 alegaciones. El equipo de gobierno ha aceptado el 23,76% de las sugerencias y ha rechazado el 26,84%, el resto ha sido estimadas parcialmente.
En el apartado de la clasificación de suelo, la propuesta recoge un aumento del suelo no urbanizable común de 38 a 49 millones de metros cuadros en detrimento del suelo no urbanizable protegido, que pasa 102 a 85 millones de metros. Esta clasificación está en sintonía con las alegaciones de los constructores, que reclamaban un aumento de la bolsa de suelo en previsión de una recuperación del sector.
Moreno insistió en su descalificación global al documento porque responde "únicamente a intereses particulares y no generales". Moreno cuestionó la legalidad de la aprobación provisional "porque la propuesta que ha llegado al pleno difiere de la aprobada en la comisión de Urbanismo y en la junta de gobierno". La alcaldesa rechazó la acusación y señaló que se trata solo de rectificaciones numéricas.
