¿Qué conviene a Galicia?

Tras su reciente e importante remodelación, el Gobierno ha proclamado solemnemente que para salir de la delicada situación económica en la que nos encontramos es imprescindible sumar al diálogo social el pacto territorial, que comprometa a las comunidades autónomas en un proyecto global y coherente contra la crisis. A tal efecto ha decidido poner en marcha numerosas reuniones con todas las autonomías para debatir y, en su caso, alcanzar acuerdos sobre las más diversas cuestiones, entre ellas las inversiones del Estado y el nuevo modelo de financiación autonómica.

Por fin el Gobierno ha descubierto el Mediterráneo, y parece haber tomado plena conciencia de la importancia que para la gobernabilidad del país tiene la espectacular transformación que ha experimentado el Estado en los últimos 30 años. Porque, en efecto, nominalismos aparte, el Estado autonómico reúne hoy todos los criterios que la teoría constitucional utiliza para definir el carácter federal de un Estado y, en consecuencia, este no puede ser gobernado seriamente sin tener en cuenta a las comunidades autónomas que disponen de instituciones representativas propias, no dependientes del poder central, de competencias políticas y administrativas que incluyen el poder legislativo sobre numerosas y diversas materias, y que gestionan más del 30% de los recursos financieros y dirigen casi el 50% de los funcionarios del país.

Lo que no nos interesa es una dinámica de acuerdos bilaterales entre el Gobierno y las comunidades

La incomprensión de este hecho ha dado lugar en los últimos años a numerosos conflictos e indeseables tensiones, la mayoría de las cuales podrían haberse evitado en el simple desarrollo de los preceptos constitucionales. Por ejemplo, el artículo. 131.2 de la Constitución dice literalmente: "El Gobierno elaborará los proyectos de planificación económica de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas (...) A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se determinará por ley".

Resulta evidente que si se hubiesen desarrollado los principios del mencionado artículo, el Gobierno se hubiera visto obligado a tomar en consideración la propuestas de las comunidades autónomas antes de remitir los sucesivos proyectos de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados, a quien compete, desde luego, su aprobación definitiva. ¿Por qué, entonces, el citado artículo ha permanecido en un injustificable olvido durante los últimos años? Simplemente, por la tendencia que se manifiesta en todos los partidos -ciertamente en unos más que en otro- a identificar Estado con Administración central, considerando las comunidades autónomas como simples delegaciones subordinadas a aquélla, y no como poderes democráticos, componentes del Estado, legitimados por mandato constitucional y por la voluntad de sus pueblos.

Y ésta es también la razón por la que, hasta hoy, se ha negado por los sucesivos gobiernos la necesaria reforma del Senado, que permita la participación de las autonomías en el diseño estratégico del Estado, tal como contempla el artículo 69 de la Constitución, y tal como sucede en todos los países que, como el nuestro, son descentralizados y compuestos.

Este sería, sin duda, el modelo que interesa a Galicia frente a la dinámica de acuerdos exclusivamente bilaterales entre el Gobierno y las diversas comunidades autónomas. Porque no conviene olvidar que comunidades como Madrid, Valencia, Cataluña o Andalucía han presentado ya propuestas que de prosperar tendrá efectos muy negativos para nuestros intereses. Y conviene tener muy presente que esas comunidades disponen de un peso demográfico (electoral) muy superior al de Galicia y, por supuesto, mucho mayor peso económico, y cuentan, además, con el respaldo legal que la reforma de sus Estatutos confiere a sus demandas, algo de lo que carece Galicia porque sus fuerzas políticas han sido incapaces de reformar el nuestro en la pasada legislatura. La agenda política de José Blanco o la entusiasta reacción de Esperanza Aguirre ante los planes del nuevo ministro de Fomento son muy ilustrativas al respecto. Quizá el debate de investidura que comenzó ayer en el Parlamento de Galicia aporte alguna luz sobre este problema. Veremos.