La remodelación permanente

Sobre el trasfondo de la grave depresión económica, la reconquista por los populares de la presidencia de la Xunta de Galicia a costa de los socialistas y la intención de voto registrada en los sondeos de las próximas elecciones europeas que sitúan al PSOE por detrás del PP planteaban a Zapatero un dilema de difícil salida. O bien hacía un inmediato reajuste de Gobierno con la vista puesta en los comicios del 7 de junio, o bien se reservaba la carta del cambio de Gabinete para echarla sobre la mesa antes de que diera comienzo el primer semestre de 2010 y el período de presidencia española de la UE.

El presidente del Gobierno no ha esperado a conocer el resultado de las europeas. Tal vez el aburrimiento del vicepresidente Solbes ante los frecuentes cortocircuitos arbitristas sufridos en su trabajo y el deseo paralelo de Zapatero de tomar por sí solo las decisiones de política económica expliquen la medida. A tres años de las próximas legislativas, incluso una derrota seria de los socialistas el 7 de junio sería reversible: en las europeas de 1994, el PP sacó al PSOE el 9,3% de los votos, una ventaja reducida a un 1,1% en las generales de marzo de 1996.

El incesante tejer y destejer de la túnica administrativa aumenta el gasto y siembra confusión

El presidente del Gobierno tiene la facultad constitucional de remover libremente a sus colaboradores y de escoger el momento de hacerlo. El futuro dirá si Zapatero ha acertado o se ha equivocado esta vez: las sustituciones ministeriales son una medicina que debe administrarse con moderación y Zapatero corre el riesgo de quedarse sin botiquín ante una emergencia. Pero quien tiene el privilegio de adoptar las decisiones también se responsabiliza de sus consecuencias.

La manifestación inaugural del ímpetu, ritmo y energía anunciados por el nuevo Gobierno para combatir la crisis ha sido una multiplicación de fotografías e imágenes televisivas de las reuniones endogámicas de los nuevos vicepresidentes y ministros celebradas en días festivos; sin embargo, los madrugones y los fines de semana laborables poco pueden hacer para saltarse la Ley de Procedimiento Administrativo y la Intervención General del Estado en lo que se refiere al cumplimiento de los plazos y de las formalidades que garantizan la seguridad jurídica.

Como se vio con la devolución de impuestos y el premio de natalidad concedidos por Zapatero durante el verano de 2007, las prisas suelen impedir la debida reflexión sobre los eventuales efectos perversos y consecuencias indeseadas de cualquier medida. El anunciado cambio del modelo productivo encomendado al nuevo Gobierno lleva mucho más tiempo que mudarse de camisa. El principal agente de esas transformaciones en nuestro país no será la Administración sino la capacidad del tejido empresarial para sustituir a medio plazo el monocultivo del ladrillo por otras especializaciones rentables dentro de la división internacional del trabajo.

La caprichosa tendencia de los gobernantes a deshacer y rehacer el organigrama del Estado ha cobrado durante los mandatos de Zapatero el frenesí de una remodelación permanente con resonancias trotskistas. Ese incesante tejer diurno y destejer nocturno de la túnica administrativa aumenta el gasto público, dificulta las sinergias intradepartamentales, produce atascos burocráticos y siembra la confusión entre los ciudadanos.

La Política Social (antes Asuntos Sociales) ha volado hacia Sanidad desde Educación, que la había recibido sólo hace un año de Trabajo: la Ley de Dependencia parece un culo de mal asiento acogido finalmente a la hospitalidad sanitaria. Educación también pierde en beneficio de Presidencia la Secretaría de Estado de Deportes; aunque recupera Universidades, cedida en 2008 a Ciencia y Tecnología, se queda sin investigación. Administraciones Públicas, sobre cuyo esqueleto descansa la vicepresidencia de Política Territorial, traspasa la Función Pública a la siempre voraz Presidencia.

Entre tanto, dos ministerios de reciente creación -Vivienda, en 2004, e Igualdad, en 2008- mantienen su solitaria y discutible existencia autónoma. La función no crea el órgano sino el órgano a la función: la preparación y los debates sobre la reforma de la ley de interrupción del embarazo han sido confiados por el Gobierno al Ministerio de Igualdad y a la comisión del Congreso correspondiente, en lugar de asignárselos -como hubiese sido lógico- a Justicia o Sanidad.