Videocámaras para combatir el vandalismo en Alicante
Grafólogos forenses identificarán a los 'graffiteros'
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, emprende ahora su particular cruzada contra la violencia callejera, los actos vandálicos y las pintadas. Para ello, pretende instalar cámaras de videovigilancia en parques, crear un cuerpo de vigilantes especiales y contratar servicios de grafología forense para identificara a los graffiteros.
El concejal responsable, Andrés Llorens, cifró ayer en un millón de euros anuales el coste que suponen los destrozos del mobiliario urbano. Con el fin de combatir esta lacra, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, estudia poner en marcha un servicio de inspección para "controlar y velar" por el buen estado de los parques. Y por otro plantean instalar cámaras de videovigilancia en las zonas más conflictivas.
El edil avanzó que los inspectores, que empezarán a vigilar "de manera inmediata", darán parte a la Policía Nacional o Local para "actúen en consecuencia". Ya que estos vigilantes no tendrán armas, ni capacidad sancionadora, solo dispondrán de un sistema de comunicación con la policía. Los inspectores, que estarán uniformados, centrarán su labor de control en los parques Pedro Goíta o el Tossal, entre otros. Pero se desconoce si será personal municipal o voluntarios. El próximo viernes se reunirán los responsables de las concejalías de Atención Urbana y Seguridad para "comenzar a tomar medidas serias y distintas" contra el vandalismo que causa "un enorme daño y supone un desembolso cuantioso para las arcas municipales". El objetivo es "identificar y sancionar" a los autores de los destrozos.
Sobre las videocámaras, que fueron rechazadas por la Subdelegación del Gobierno por un defecto de forma, Llorens anunció que "en breve" se volverá a presentar la solicitud correctamente. Y una tercera medida, el Ayuntamiento estudia contratar los servicios de grafología forense para identificar a los autores de las pintadas que "dan sensación de suciedad". Esta iniciativa se aplica en Sabadell, aunque según Llorens, "no es fácil por cuestiones jurídicas" que se están estudiando.
Los socialistas instaron a que se apliquen medidas de "educación cívica y vial" así como una mayor dotación de plazas a la policía de barrio.
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