El Consell se resiste a gestionar ríos de Alicante para los que pide agua

La exigencia legal de que la Comunidad Valenciana asuma la gestión de los ríos internos, los que discurren sólo por territorio valenciano, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Consell. La responsabilidad de asegurar el abastecimiento de las poblaciones y el estado de los ríos y acuíferos está aún en manos del Estado, pero el momento de la transferencia de las zonas hidrológicas internas a la Generalitat se acerca. Y con las nuevas competencias llegará un cúmulo nada despreciable de problemas que exigirán la creación de un organismo autonómico del agua similar a una confederación hidrográfica. Antes de que culmine el proceso, el Consell intenta que quede reforzado jurídicamente el actual sistema de conducciones y concesiones de agua para garantizarse un mejor punto de partida.

"No se pueden separar L'Alacantí y el Vinalopó", se queja García Antón

El Consell deberá prevenir y paliar las crecidas en barrancos costeros

Las discrepancias con el Gobierno por el reparto de los ríos, y también con la vecina Castilla-La Mancha, han aflorado de nuevo esta semana con la presentación del borrador del decreto que establece la nueva demarcación del Júcar, que ahora engloba buena parte del territorio de ambas comunidades y una porción menor de Aragón y Cataluña. La Generalitat se ha mostrado reacia a hacerse cargo de los ríos valencianos, a pesar de que el propio Estatut lo prevé y lo exige una sentencia del Tribunal Supremo que desde 2004 establece que el Estado sólo puede decidir sobre los cauces que atraviesan más de una autonomía. De acuerdo con esa premisa, el borrador fija que la nueva demarcación del Júcar controlada por el Estado con la participación de las autonomías y los usuarios incluirá los grandes sistemas del Mijares, Palancia, Turia, Júcar y Vinalopó. La Generalitat, por su parte, se quedaría con los ríos costeros y las masas de agua asociadas del norte de Castellón hasta Benicàssim, toda la zona de las Marinas, y también de L'Alacantí. Para esta última zona, viene reclamando agua dentro de su larga campaña en esta materia contra el Gobierno central.

Y ahí surge el primer desacuerdo importante. El Consell considera que la gestión del agua de la comarca costera alicantina no puede desvincularse de la del Vinalopó, que estará en manos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)."No se pueden separar L'Alacantí y el Vinalopó cuando son dos subsistemas que desde hace más de 100 años están viviendo conjuntamente la problemática del agua", afirmó el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, tras la reunión del Consejo Nacional del Agua celebrada el lunes de la semana pasada. La cuestión no es baladí, ya que un alto porcentaje de poblaciones de L'Alacantí se abastece de las aguas subterráneas del Vinalopó y está en juego también la posible aportación del trasvase Júcar-Vinalopó, que el Consell sigue empeñado en que contribuya a suministrar agua a la costa. García Antón también mostró su preocupación por la cobertura jurídica de la conducción entre Rabassa (L'Alacantí) y L'Amadorio (La Marina).

El borrador del ministerio no ignora la imbricación actual de sistemas de abastecimiento o riego que quedarán separados. Es más, el texto menciona explícitamente esta circunstancia y añade que "es obvio" que las implicaciones del reparto "no deben interferir con el mantenimiento de una gestión adecuada", por lo que los aprovechamientos de agua actuales mantendrán sus concesiones como está previsto en la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Fuentes gubernamentales subrayan que la división de la demarcación tendrá la cobertura legal necesaria para evitar problemas, como ha ocurrido ya en otras comunidades autónomas, y defienden que la separación del Vinalopó es necesaria para cumplir el Estatut valenciano y la sentencia del Supremo sobre la competencia en relación con los ríos propios.

La Generalitat, sin embargo, quiere mayores garantías jurídicas y ha propuesto reformar varios artículos del PHN, una "norma de rango superior" en la que pretende amarrar el abastecimiento de L'Alacantí y La Marina Baixa con el trasvase Júcar-Vinalopó -cuya cobertura el Gobierno prevé, en cambio, que provenga fundamentalmente de la desalación-. También aboga por introducir en el PHN la aprobación de unas "normas de explotación conjunta de las masas de aguas subterráneas compartidas entre los sistemas del Vinalopó y L'Alacantí". No en vano la Generalitat ha insistido en una gestión integral de los recursos, a pesar de la evidencia de que tendrá que responsabilizarse de la parte que le corresponde.

Al margen del rechazo a la separación de las dos comarcas, que el Consell espera que el Gobierno reconsidere, la Administración autonómica deberá prepararse para atender los déficit de abastecimiento en las poblaciones que se alimentan de los ríos y acuíferos a su cargo, y de los problemas de inundaciones por las crecidas con lluvias intensas de barrancos costeros como el Girona, que causó graves daños en las localidades de Beniarbeig y El Verger al desbordarse en 2007. También estarán en su territorio embalses como el de Beniarrés y el Amadorio.

Un horizonte de aguas turbias que lleva a la Generalitat a desear más, si cabe, la planificación coordinada con la CHJ.