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Baltar premia a los responsables del PXOM ilegal de Ourense

La Diputación recoloca al antiguo equipo del gobierno local de Ourense

Ricardo Campo Labrador, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense cuando se produjo el cambiazo en la cartografía del Plan Xeral de Ordenación Muncicipal (PXOM) de Ourense, ha sido contratado por José Luis Baltar en la Diputación. El ex edil, abogado de profesión, figura en la lista de contratados temporales de este año en calidad de auxiliar de oficina con destino en el departamento de Cooperación Municipal. Junto a él, Baltar ha empleado en la institución provincial a la mitad de los integrantes de la junta de gobierno de aquel Ayuntamiento presidido por Manuel Cabezas que aprobó el planeamiento anulado de momento por ocho sentencias judiciales. También ha encontrado cobijo en la Diputación, como gerente de una nueva sociedad urbanística, el técnico que en su día avaló la adjudicación del planeamiento urbanístico de la ciudad.

El antiguo edil de Urbanismo ha sido contratado como auxiliar de oficina
El ex alcalde Nóvoa es uno de los consejeros de la nueva sociedad

El nuevo contrato del antiguo edil de urbanismo, Campo Labrador, coincide con la prevista anulación definitiva del plan urbanístico orensano que, según los técnicos municipales, será inminente y se basará en "la gravedad" del cambiazo de los planos. Los que se expusieron al público tenían una edificabilidad considerablemente inferior a los que aprobó el pleno con los únicos votos del PP y que se ocultaron a los ciudadanos.

El Tribunal Supremo, ante el que recurrió el actual grupo de gobierno (PSOE-BNG) las sentencias que anulan el planeamiento "para ganar tiempo y redactar otro documento", ha emitido ya una providencia advirtiendo de la dificultad de que prospere el recurso. Su anulación definitiva dejará a la ciudad con el plan de 1986 hasta que se redacte y apruebe uno nuevo.

Durante su etapa como responsable del urbanismo orensano, Campo Labrador compaginó el trabajo institucional con el ejercicio de la abogacía, según consta en la revista jurídica del Colegio de Abogados de Ourense, en donde figuraba como sede de su despacho profesional el propio edificio consistorial. Campo no contaba con la plena confianza del entonces alcalde, Manuel Cabezas. Según las delegaciones de atribuciones a los concejales con responsabilidad de gobierno firmadas por Cabezas, en el pleno de julio de 1999, el edil de Urbanismo tenía limitadas sus competencias. El alcalde sólo autorizaba a Campo la concesión de licencias "correspondientes a obras menores".

Campo mantuvo esta limitación desde el 23 de julio de 1999, fecha de su toma de posesión, hasta la constitución de la siguiente corporación, presidida igualmente por Cabezas, el 14 de junio de 2003. El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, el ex alcalde Enrique Nóvoa, gestionó el planeamiento desde ese año. Tras perder las municipales de 2007, en las que aspiraba a la alcaldía, Nóvoa fue designado por Baltar vicepresidente primero de la Diputación, cargo al que ahora renuncia para ocupar escaño en el Parlamento gallego. Pero el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento mantiene su puesto de consejero en la Sociedad Urbanística Provincial creada hace unos meses por Baltar.

La concejala de Hacienda y miembro de la junta de gobierno cuando se aprobó el PXOM, María José Barbosa, fue incluida también por Baltar en esa sociedad urbanística. Junto a ella, Baltar designó a la alcaldesa de San Cibrao, Elisa Nogueira, cuyo marido, Alberto Luis Iglesias, formaba parte de aquella junta de gobierno. La concejala Belén Girón, que también era miembro de la comisión de gobierno junto con su suegro, Francisco Muñoz Seguín, es otra de las que ha encontrado plaza en la Diputación. Baltar ha contratado además al hermano de Javier Rodríguez Nóvoa, otro integrante del grupo de gobierno de aquella corporación.

Para la gerencia de la sociedad urbanística de la Diputación, Baltar ha fichado a Jesús Cudeiro Mazaira, Cuando se licitó el PXOM ilegal, el 12 de febrero de 1996, Cudeiro era jefe del servicio provincial de Urbanismo y avaló la adjudicación del planeamiento a la empresa GOCSA con los votos en contra del arquitecto y el ingeniero municipales. Un año después se revisó la adjudicación. A la nueva oferta se presentó Oficina de Planeamiento S.A. con una opción más económica y, en opinión de los técnicos, con mayores garantías "por su experiencia". Los técnicos municipales le concedieron la mayor puntuación pero los tres representantes políticos, del PP (Cudeiro y dos ediles del grupo de gobierno), insistieron en adjudicarla a GOCSA.

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