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COLUMNA

Ladrones de muertos

Memoria y Justicia son palabras que deberían de ir escritas en cualquier bandera, y olvidarse de ellas es como perder las llaves de la puerta de la democracia. Por eso llama tanto la atención que los tribunales más altos de nuestro país parezcan trabajar siempre contra la memoria histórica, y hasta ser, en demasiadas ocasiones, sus enemigos mortales. Da lo mismo si se trata de la causa del magistrado Baltasar Garzón contra el franquismo; de la apertura de fosas de la guerra civil o de la retirada de las estatuas del dictador que proyectan su sangre negra sobre nuestras calles: siempre hay una Audiencia Nacional o Tribunal Supremo que prohíba las investigaciones o las dificulte, o las meta en un laberinto del que sólo se puede salir cuando ya es demasiado tarde: el tiempo siempre corre a favor de la impunidad. Qué incómodo resulta tener que caminar hacia la libertad con la balanza de la ley metida en el zapato.

Nadie ayuda a los voluntarios que pelean por limpiar de fosas comunes nuestro país

Si miras hacia la derecha, ves al Tribunal Supremo, que por lo que parece no tiene cosas más importantes que hacer, enredándose en discutirle al Gobierno su derecho a quitar la siniestra estatua de Franco que había en Nuevos Ministerios, con el argumento de que, en realidad, pertenecía a la Universidad Complutense. Mala cosa, cuando hay que ponerse a hacer matices sobre un monumento a un golpista, y peor si quienes los hacen son los representantes de uno de los poderes del Estado. Sería mejor si aplicaran la misma teoría, por poner un ejemplo, al hospital Puerta de Hierro, que también era, al menos en parte, de la Universidad Complutense, y que sin embargo ha sido cerrado, sin que nadie sepa aún ni por qué ni, sobre todo, para qué; aunque estoy seguro de que la mayor parte de nosotros sabe que cuando pase la crisis económica y las hormigoneras vuelvan a dar vueltas, las palabras especulación e inmobiliaria formarán parte de la respuesta.

Si miras hacia la izquierda, ves que las asociaciones de voluntarios que pelean para limpiar de fosas comunes nuestro país, también tienen que escalar los muros de los juzgados para llevar a cabo su trabajo. Nadie les ayuda, el Gobierno les da una subvención ridícula y una Ley de Memoria Histórica miedosa y, una vez más, siempre tienen delante a un juez de la Audiencia Nacional dispuesto a cerrarles el paso y echar otra vez en las tumbas la tierra que ellos hayan sacado. El ejemplo más increíble es el del Valle de los Caídos, y cada vez que piensa en él, a Juan Urbano le ocurre lo mismo que sin duda le pasará a muchos de ustedes, y es que no se ve capaz de entender cómo es posible que una tumba espantosa, levantada para glorificar a un dictador y bendecir sus crímenes, no sólo siga teniendo ahí su sepulcro, exhibido como si fuera el de un héroe, sino que además continúe llena de cadáveres robados. Porque, como se sabe, esa cripta tenebrosa se alimentó con los restos mortales de cientos de republicanos, cuyas fosas comunes fueron saqueadas cuando se terminó el panteón y las familias de los muertos del bando sublevado se negaron a que éstos fueran desenterrados y trasladados al Valle de los Caídos. El Ministerio de la Gobernación escribió entonces a numerosos ayuntamientos que ofrecieron "las fosas del ejército rojo", y los ladrones de huesos empezaron su tarea. ¿A quién creen que se han encontrado enfrente los familiares de las víctimas enterradas ilegalmente en ese lugar, cuando hay solicitado sacarlos de allí? Naturalmente, a la Audiencia Nacional.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), va a proseguir sus investigaciones sobre el paradero de ocho republicanos fusilados en 1936, enterrados en una fosa común de la localidad madrileña de La Serna y, según todos los indicios, trasladados en secreto, como tantos otros, al Valle de los Caídos. Lo que van a hacer ahora es excavar en la zona de Cuelgamuros para demostrar que allí hubo una fosa común pero que está vacía. Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH, ha explicado que se sabe, por lo que confesó un antiguo juez de paz local, "que los cadáveres enterrados en esa fosa pudieron haber sido exhumados de manera encubierta, para trasladarlos al Valle de los Caídos sin consentimiento familiar y con nocturnidad". Si esas sospechas se confirman, se pedirá que los restos puedan ser sacados de allí, y estén seguros de que a partir de ese momento, la Audiencia Nacional pondrá todas las trabas que pueda para que ese acto de pura justicia pueda llevarse a cabo. Qué raro, que maten a tu padre o tu marido o tu hermana, que luego profanen sus tumbas, roben los cuerpos y los entierren al lado del de su asesino y cuando tú intentas que te los devuelvan la máquina de la Justicia se ponga en marcha para impedirlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de abril de 2009