El PP admite que dos de sus dirigentes asesoraron a la comerciante de Gràcia

El Partido Popular sabe de la existencia de cierta documentación, entre ella una carta enviada desde el grupo municipal del Ayuntamiento de Barcelona, y firmada por su asesor Alberto Belón, ofreciéndose a ayudar a la propietaria de un bar de Gràcia que se ha querellado por corrupción. La comerciante [véase la edición de ayer] sostiene que pagó 6.000 euros a Belón y al concejal del PP de Vallirana Antonio Penalba para que le agilizaran la licencia de apertura de un establecimiento de restauración en Travessera de Dalt. La juez ha admitido a trámite la querella.

Quizá porque, tarde o temprano, algunos papeles van a ver la luz, ayer la portavoz municipal del PP, Àngels Esteller, no pudo hacer otra cosa que admitir ciertos hechos: que tanto Penalba como Belón se interesaron por el asunto ante el Ayuntamiento y el Distrito de Gràcia y añadió que, una vez conozcan las acusaciones y las pruebas que pesan sobre ellos, la dirección del partido tomará una decisión disciplinaria: "Somos los primeros interesados en conocer qué ocurrió".

Esteller defendió el comportamiento de Belón y se esforzó por desvincular este caso de la trama de corrupción de los burdeles. "Hay que ser responsable porque son cosas muy graves y hay que tener cuidado ya que las consecuencias sobre la trayectoria de los implicados pueden ser de enorme gravedad", sostuvo.

La concejal no despejó algunas dudas. Por ejemplo, si normalmente el PP cobra por estos asesoramientos, como asegura la denunciante. Ésta sostiene en la querella que empezó a tener problemas con el Distrito de Gràcia cuando se negó a abonar más dinero a Belón y Penalba. Tampoco especificó por qué la dueña del bar habló del tema con el entonces secretario general del PP en Cataluña, Rafael Luna, en su despacho del Parlament, y el interés que demostró Alberto Fernández Díaz, jefe de Belón.

Esteller se aferró a las explicaciones dadas ayer por el Ayuntamiento, que en un comunicado afirmó que la tramitación de la licencia de apertura del local de Gràcia fue cuando menos impoluta. El Consistorio barcelonés defendió en la nota la actuación de sus servicios técnicos y de la gerente de Gràcia, imputada también por la juez de Instrucción número 9. En la nota se insiste en que el Distrito de Gràcia denegó la licencia de apertura a Store Café porque está situado a menos de 25 metros de otro establecimiento de las mismas características, pero nada dice de que la distancia no se cumple por tan sólo seis centímetros.

El problema, que fuentes del Ayuntamiento no consiguieron aclarar ayer, radica en que el mismo Distrito de Gràcia había confirmado meses antes que la distancia era la correcta según comprobaron in situ el "jefe del Departamento de Licencias e Inspecciones y la Director de los Servicios Técnicos". Así consta en una diligencia a la que ha tenido acceso este diario. Los abogados de la propietaria del bar no entienden por qué el Ayuntamiento se desdijo después de estas mediciones.

La aparición de este nuevo caso provocó reacciones críticas de la oposición municipal. El convergente Xavier Trias exigió al alcalde, Jordi Hereu, mayor "transparencia para que el peso de la justicia caiga sobre los infractores". Y amenazó con pedir una comisión de investigación si el alcalde "se mantiene al margen". El republicano Jordi Portabella dio a entender que su formación tiene las manos limpias. "Un partido que aspire a ser clave debe estar limpio como una patena", afirmó. El expediente del bar Store Café empezó a tramitarse en 2006, cuando ERC presidía el barrio de Gràcia.