Dos de los agresores de Moreno quedaron libres por sendos errores

La errónea puesta en libertad de Astrit Bushi, presunto jefe de la banda de albaneses que en 2007 agredió brutalmente al productor televisivo José Luis Moreno, ha suscitado una guerra entre el Tribunal Superior de Madrid y la policía. Los jueces afirman tajantemente que el fallo fue de la policía, mientras que en ésta replican que fue del juez de Alcobendas ante el que compareció el delincuente antes de huir. El lugarteniente de Bushi también fue excarcelado días antes por otro fallo de un funcionario de Prisiones.

El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha cerrado en un solo día su investigación sobre el escándalo, al descartar "cualquier responsabilidad disciplinaria" de Javier Martín-Borregón, el juez de Alcobendas (Madrid). "Su salida irregular de los juzgados no es imputable al juez que decretó su libertad por otra causa diferente de la agresión", señala el TSJM.

El presidente del tribunal, Francisco José Vieira, anunció que dará cuenta a los juzgados de Alcobendas para que estudien la posible imputación de los policías -por un delito de infidelidad en la custodia de presos- que dejaron libre a Bushi. Este anuncio soliviantó al Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Los agentes que el 31 de marzo estaban en los juzgados admiten haber dejado libre a Bushi, pero aseguran que desconocían su peligrosidad y que hubiera sido trasladado desde una prisión. "Los guardias civiles que lo condujeron hasta allí no les dieron ninguna documentación. Sólo les comunicaron verbalmente que procedía de los juzgados de Madrid cuando se lo preguntaron los agentes", señalan ellos mismos en una nota remitida a su jefe.

Los dos policías implicados declaran que "ni durante la custodia del detenido ni cuando se lo entregó el juzgado junto con el auto [de libertad] fueron informados de su origen ni de que Bushi tenía que regresar a prisión". "En vista de lo dictado en el citado auto, procedieron a dar curso a lo que ordenaba el mismo", concluyen.

El TSJM replica que la puesta en libertad debe tener lugar sólo en el centro penitenciario, al que el juez de Alcobendas remitió el 1 de abril el mandamiento de libertad con la advertencia de que Bushi fuese excarcelado sólo "si no estuviera preso o detenido por otra causa" judicial. Pero el SUP arremete contra los jueces porque esa advertencia no figuraba en el auto facilitado a los policías, y justifica la actuación de éstos por el temor a incurrir en detención ilegal.

Otro sindicato, la Confederación Española de Policía (CEP), afirma que la Guardia Civil "no hizo una entrega documentada del preso: es decir, los policías no cumplimentaron la diligencia de recepción y entrega de presos, que es el documento que acredita que el recluso queda bajo custodia de otra unidad o cuerpo distinto al que le recogió en la cárcel".

Fuentes de la Guardia Civil aseguraron que siempre ceden a los presos previa firma de un recibí. "Esto es un ejemplo más de descoordinación y falta de protocolos", afirma un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Varios jueces penalistas señalan que Martín-Borregón actuó bien. "Según la ley, un auto de libertad de un preso no sirve por sí mismo si no se envía a la cárcel en la que esté ingresado otro documento llamado mandamiento de libertad". Añaden que un recluso "nunca" puede ser liberado de forma inmediata en el juzgado al que haya acudido. Debe ser de nuevo conducido a la cárcel, desde donde es soltado una vez recibido ese "mandamiento de libertad" del juzgado siempre que no esté cumpliendo condena o en prisión preventiva por otro delito.