Melilla cierra filas para evitar dos extradiciones a Marruecos

Por una vez, el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, del Partido Popular, su oposición musulmana, Coalición Por Melilla (CPM), y hasta la Comisión Islámica han hecho causa común. Melilla cierra filas para evitar la extradición a Marruecos de dos melillenses a los que la justicia marroquí reclama por terrorismo. Sólo el PSOE, tercera fuerza política, guarda silencio, aunque ha hecho gestiones discretas en Madrid, según fuentes locales.

Imbroda anunció a finales de marzo el envío de una carta al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pidiéndole que no se entregue a la justicia marroquí a Mohamed el Bay, de 54 años, español desde 1976. Alega que en Marruecos no contará con garantías procesales y propone que una comisión rogatoria marroquí se desplace a España para interrogarle. Antonio Gutiérrez, diputado del PP por Melilla, reiteró el viernes los mismos argumentos.

Rabat los reclama para juzgarlos por varios delitos de terrorismo

Madrid no quiere dañar la cooperación judicial con el país vecino

El Bay fue detenido en Melilla el 1 de abril de 2008, junto a Alí Aarraas, de 46 años, nacido en la ciudad autónoma pero de nacionalidad belga, en cumplimiento de una orden internacional emitida por Marruecos. Al mes siguiente, el Consejo de Ministros acordó su extradición y, en sendos autos, el último de hace tres semanas, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional accedió a ella. Su abogado, Nayim Mohamed Alí, ha recurrido al Tribunal Constitucional.

Al reo español la justicia marroquí le considera miembro de una red terrorista desmantelada hace un año y que dirigía Abdel-kaer Belliraj, un belga-marroquí al que imputa media docena de asesinatos. De Aarraas sospecha que estuvo involucrado en los atentados de Casablanca de mayo de 2003, que se saldaron con 45 muertos. El juez Baltasar Garzón sobreseyó en marzo las actuaciones iniciadas contra él por esos atentados y dio luz verde para que fuera juzgado en Marruecos por esos hechos. Encarcelado en Botafuegos (Algeciras), Aarraas lleva 40 días en huelga de hambre.

El Bay alega, entre otras cosas, su condición de español para no ser extraditado y Aarraas, la de ciudadano comunitario. El convenio de extradición hispano-marroquí de 1997 excluye la entrega de nacionales, pero la Audiencia consideró que El Bay también es marroquí porque Marruecos le considera como tal y además le otorgó un carné de identidad que él utilizó. Nunca se le incoó, sin embargo, un expediente para retirarle la nacionalidad española.

La Audiencia también desestimó las alegaciones del abogado sobre los "tratos inhumanos y degradantes" a los que son sometidos los presos en Marruecos, así como la insalubridad de las cárceles marroquíes. "Tales vulneraciones denunciadas no pueden reputarse como sistemáticas y generalizadas", señala el auto.

Si El Bay y Aarraas no hubiesen sido musulmanes, "si se hubiesen llamado García o Pérez", ni la Audiencia ni el Gobierno hubieran aceptado extraditarlos, afirma Abderramán Benyahya, portavoz de la Comisión Islámica. "Se sienta un precedente nefasto para los musulmanes melillenses", añade Yonaida Sellam, que encabeza la asociación Intercultura. "Una parte importante de nuestra población está muy preocupada por lo que significa su situación de cara a Marruecos", que no reconoce su naturaleza española, recalca Imbroda en su carta.

Una de las pancartas exhibidas por los familiares de Aarraas cuando se encadenaron al monolito de la Constitución en Melilla resume la inquietud de los musulmanes melillenses: "No queremos volver a 1985", el año anterior a que el Gobierno socialista abriera la vía para que miles de ellos obtuvieran la nacionalidad española.

"Veinticinco años después, de nuevo un Gobierno socialista no es capaz de vislumbrar el socavo (...) que algunas decisiones pueden provocar en la cohesión social de Melilla", escribe Irene Flores, columnista de El Faro. La amenaza de extradición suscita "recelos (...) de una comunidad de españoles que, por sus orígenes rifeños, pueden ser descatalogados de su condición de nacionales para convertirse, de facto, y a todos los efectos, en súbditos marroquíes". "La ley a prevalecer no tiene por qué ser la española sino la marroquí". "Sé que suena muy duro, pero ésas son las tesis de Rabat (...)".

Para el Gobierno español, "éste no es un asunto fácil", comenta un diplomático español. Marruecos se ha volcado en la cooperación judicial con España, hasta el punto de aceptar juzgar, por primera vez, a dos de sus ciudadanos por crímenes cometidos fuera de su territorio. En diciembre el tribunal antiterrorista de Salé condenó a Abdelilá Hriz a 20 años por su participación en el 11-M y a Hicham Ahmidan, primo de El Chino, a 10 años.