La taifa de Aguirre

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, con la que Esperanza Aguirre esperaba desplazar de su puesto al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y sustituirlo por alguien más afín a sus intereses. En plena crisis económica y financiera, la presidenta madrileña ha vuelto a dar con la norma ahora recurrida una muestra de sus prioridades políticas: la utilización de su posición al frente del Ejecutivo autónomo para acaparar cuantos resortes de poder pueda con el triple objetivo de, por este orden, reforzar su posición dentro del PP, hacer oposición institucional al Gobierno central y dificultar la alternancia en la Comunidad.

La ley autonómica que habrá de revisar el Constitucional apenas alcanza a disimular su naturaleza de norma ad hoc, dirigida a forjar una mayoría de consejeros de Caja Madrid favorables a Aguirre. Para ello, la presidenta ha pretendido alterar los criterios de representación territorial que rigen la composición del consejo de la entidad financiera. La reforma resultante es tan arbitraria como descarada, según el estilo de la casa: perjudica al Ayuntamiento de la capital, que pasaría de aportar 70 representantes a la Asamblea de la caja a tan sólo 24, mientras que ganaban peso los municipios de la comunidad gobernados por regidores del PP afines a la presidenta.

El Gobierno decidió recurrir la norma tras recibir un dictamen del Consejo de Estado en el que consideraba conveniente el pronunciamiento del Constitucional "para despejar dudas" sobre los nuevos criterios de representación, dada su divergencia con el modelo participativo establecido en la legislación estatal sobre cajas de ahorros.

No es la primera vez que normas autonómicas inspiradas por el Ejecutivo de Aguirre entran en colisión con disposiciones estatales. Y no porque exista una legítima disparidad de criterios entre las distintas instancias políticas acerca de las competencias que corresponden a la autonomía de Madrid, sino porque Aguirre actúa desde el presupuesto de la legitimidad de utilizar el poder regional para hacer oposición al central. De la Ley del Tabaco a la de cajas, pasando por Educación para la Ciudadanía, la Ley de Dependencia, las listas de espera o los alquileres de emancipación, Aguirre ha tenido a gala convertir a Madrid en un foco de resistencia a las iniciativas legislativas del Gobierno central: lo contrario al mandato constitucional de cooperación entre instituciones que la presidenta no deja de reclamar en otros terrenos.

Ese empeño no le hace olvidar su tercera prioridad: dificultar la alternancia por todos los medios a su alcance, incluyendo las adjudicaciones de licencias de radio y televisión conforme al criterio de favorecer al amigo y perjudicar al adversario. De ahí que la Comunidad de Madrid lleve camino de convertirse en una taifa sometida a la voluntad de Aguirre.