La juez exige al concejal del PSD de Calp las aportaciones para su financiación

La juez exigió ayer al concejal del PSD de Calp Antonio Romera que le facilite antes de diez días una relación de las aportaciones económicas que han servido para la financiación de este partido para esclarecer si hay irregularidades. Romera acudió a declarar al juzgado como imputado por un presunto delito de coacciones y cohecho después de que su antigua asesora municipal, Cipriana Baidal, le acusara de amenazarla con despedirla si no le pagaba parte de su sueldo para cubrir deudas electorales de los socialdemócratas, que gobiernan el municipio junto a Bloc y PP.

La petición de la juez, que también ha exigido la documentación contable del PSD, se produce tras la grabación de una conversación entre la asesora y el edil en la que este último admite la posibilidad de obtener dinero para el partido de la compra de una máquina que el Ayuntamiento debía efectuar para el área de Basuras, gestionada por el propio Romera cuando aún gobernaba junto al PSPV. "Hay que pillar a una persona de tu confianza para sacar dinero, que no se vaya del pico. Yo sé de gente de cuando estaba el PP" decía el concejal en la cinta. Baidal aseguró que el edil le había exigido 5.500 euros, de los que le entregó 2.500 hasta abril de 2008, instante en que dejó de pagar cuando la número dos del PSD, Ana Magrañal, le reveló que el partido no tenía deudas. La asesora pidió entonces la baja por depresión.

Por el contrario, Romera, quien anunció que impugnará la grabación de la cinta al entender que viola su intimidad, le dijo ayer a la juez que Baidal nunca le pagó dinero a pesar de que hay militantes del PSD "que sí lo hacen de forma voluntaria". Y aseguró que la denuncia "obedece a motivos políticos, ya que fue presentada en octubre de 2008", dos días antes de que el PSD votara junto a PP y BNV la moción de censura que desbancó al PSPV. "Hasta entonces no constó en el Ayuntamiento que la ex asesora hubiera pedido una baja laboral", agregó Romera, quien subrayó que Magrañal no tiene acceso a la contabilidad del PSD -una afirmación que contradice el abogado de la acusación-.