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COLUMNA

Santa indignación

Las prácticas salariales de los altos ejecutivos de las grandes instituciones financieras no tiene parangón en ningún otro sector de la economía: cobran bonus tanto si la empresa va bien como si va mal. Y, por lo que parece, sucede lo mismo con su sentido de la ética. Aunque la empresa quiebre, no tienen conciencia de haber hecho nada malo.

Quizá este juicio le parezca a alguno de mis amigos financieros una concesión a la demagogia. Pero es lo que se deduce de los relatos que se van publicando sobre los salarios de los altos ejecutivos de entidades financieras en quiebra en Estados Unidos y en Europa.

El caso del gigante de seguros norteamericano AIG es muy ilustrativo de una práctica que por lo que se va viendo está muy generalizada. En 2007 la unidad de productos financieros de AIG comenzó a multiplicar sus pérdidas. Su principal responsable fue relevado, pero no tuvo que devolver los 250 millones ganados en años anteriores para que gestionase bien, y por encima recibió una indemnización de 34 millones de dólares. Además, siguió vinculado a la empresa con un contrato de un millón de dólares al mes para "asesorar" al presidente.

Aunque la empresa quiebre, los altos directivos del sistema financiero no tienen conciencia de haber hecho algo malo

Si esto le parece sorprendente, su sorpresa aumentará al conocer que aun cuando esa unidad estaba ya perdiendo 5.300 millones de dólares trimestrales, el nuevo responsable aprobó en 2008 un plan de bonus de 218 millones de dólares para repartir entre 71 altos directivos, con el argumento de retenerlos y que no se fuesen a otras empresas. Curioso, el mundo al revés: cuanto más haces perder a la empresa más te pagan para que no te vayas.

Pero además de éticamente cuestionable, esta práctica fue ineficaz, porque al final de 2008 las pérdidas se elevaron a 40.000 millones. Visto los resultados, quizá a AIG le habría ido mejor dejar marchar a esos directivos para que arruinasen a la competencia.

Los analistas se preguntan cómo es posible que la dirección de la compañía no frenase ese plan. Es fácil de explicar. Resulta que el consejo de administración tenía a su vez un gigantesco plan de incentivos de 1.000 millones de dólares que repartir entre los más altos empleados de la compañía.

Los altos directivos del sistema financiero pueden ser más incompetentes y fraudulentos que los de otros sectores de la economía porque disparan con pólvora del Rey, es decir, con el dinero de los contribuyentes. Eso es lo que ha sucedido en el caso de AIG, en el que el miedo a un colapso financiero ha llevado a las autoridades a poner 173.000 millones de dinero público para tapar el agujero originado por sus directivos.

Es significativo que esta ayuda pública no haya llevado a los directivos de AIG a arrepentirse de sus excesos. Es más, unos días después de que las autoridades fuesen al rescate, los principales ejecutivos celebraron una lujosa fiesta en California, con aviones privados, banquetes, golf, SPA, manicuras, tratamientos faciales, pedicuras, masajes..., todo ello a cargo del dinero de los contribuyentes.

¿Cómo es posible que esta gente se pueda comportar de forma contraria al más mínimo sentido de la decencia y sin sentimiento de culpabilidad? Posiblemente, no tienen mala conciencia porque creen estar respaldados por los principios de la economía de mercado. Piensan que las retribuciones que reciben son la justa contrapartida que paga el mercado por su calidad y talento empresarial. Nada de eso es cierto.

En uno de los estudios más rigurosos sobre la formación de los salarios de los altos ejecutivos en Estados Unidos (Pay without Performance, 2004), Lucian Bebchuk y Jesse Fried señalan que son los propios altos ejecutivos quienes deciden por sí mismos el importe de sus ingresos, sin que tenga nada que ver la calidad de su gestión ni su clasificación en el mercado de talento empresarial.

Si es así, ¿cómo poner límites a estas prácticas depredadoras? Bechuk y Fied señalan que el único factor que es capaz de limitar las retribuciones de los altos directivos es lo que denominan "límite de indignación". Es decir, la preocupación de los propios directivos por el hecho de que el pago de retribuciones excesivas origine una airada reacción de aquellos que en otras circunstancias se mostrarían aquiescentes, a saber, accionistas, trabajadores, opinión pública, políticos, etcétera.

Lo que le está sucediendo al Gobierno de Obama, y al propio presidente, con los bonus de los directivos de AIG es una clara confirmación de esa tesis. Al principio, la Cámara de Representantes aprobó una norma para anular esos pagos a los directivos de las empresas que reciban dinero de los contribuyentes. Las presiones de la propia Administración Obama, en concreto de la Secretaría del Tesoro y del Banco Central, así como de los bancos llevaron a los senadores a retirar esa restricción.

Ha sido la ola de indignación ciudadana que se ha levantado contra los directivos de AIG la que obligó la semana pasada a los políticos norteamericanos a volver a coger el toro por los cuernos, obligando al propio presidente a declarar: "yo también estoy indignado".

Un sentimiento similar de indignación ciudadana comienza a manifestarse en el Reino Unido, en Francia y en Alemania.

Es importante que avance ese sentimiento de indignación ciudadana contra las injustificadas retribuciones de los altos directivos. No se trata de moralina barata. Si no se pone freno a ese lado oscuro del capitalismo, la economía de mercado quedará deslegitimada. Las reformas y los sacrificios necesarios para hacer que la economía vuelva a funcionar no contarán con apoyo social y la salida a la crisis se retrasará.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de marzo de 2009