Un agujero de un millón de euros

El Albacete, de Segunda División, anunció el miércoles que ha presentado la solicitud para acogerse a la Ley Concursal, tras una sentencia que le obliga a pagar 1.100.000 euros a César Ferrando, su ex técnico, en concepto de pagos pendientes y compensación por atrasos. El sueldo de Ferrando, hoy en el Nàstic, vuelve a subrayar los riesgos asumidos por los clubes españoles en los años previos a la crisis. El técnico valenciano no llegaba a cobrar 600.000 euros en el curso 2004-2005, cuando entrenaba al Atlético en Primera. Al año siguiente, de vuelta a Segunda y al Albacete, pasó a cobrar un poco más, "500 millones de pesetas por cinco años [600.000 euros al año]", según Ubaldo González, presidente del club, que heredó el contrato de la directiva anterior. La solicitud del concurso es "una medida preventiva" para retrasar el pago mientras el club intenta recurrir la sentencia.

"No necesitábamos para nada acudir al concurso", argumenta González por teléfono. "Llegamos hace dos años, y la economía del club estaba destrozada: se debían seis millones a Hacienda, pero iniciamos un plan financiero que ha quedado roto por la sentencia. Estábamos pagando a todo el mundo, pero no tenemos ese dinero. No podríamos pagar ni a los trabajadores ni a los jugadores. Y si no pagamos, ya se sabe [el club perdería la categoría]".

Para recurrir, el Albacete necesita un aval que cubra los 1,1 millones: si lo consigue, puede que retire su solicitud de entrar en concurso, todavía pendiente de la presentación de varios documentos. La situación del Albacete refleja la precariedad de las cuentas de varios equipos españoles. La deuda de los clubes de Primera y Segunda con Hacienda ascendía a 627.266.721 euros a 31 de octubre de 2008. Málaga, Alavés, Celta, Murcia, Levante y Real Sociedad encontraron antes la solución a sus deudas en la Ley concursal, que supuso la desaparición de la antigua suspensión de pagos e instauró una nueva vía para resolver las situaciones de insolvencia: la economía del club queda en manos de un juez, pero los dueños siguen siendo los mismos pese a haber firmado gastos en algunos casos estratosféricos. Ferrando todavía tiene pendiente el cobro de 200.000 euros, el cuarto plazo para cobrar su finiquito. "Todo está en manos de mis abogados", se limitó a decir.