El fiscal pide cárcel para un abogado y ex dirigente del PP

La fiscalía solicitó ayer prisión eludible con fianza de 20.000 euros para el abogado Fernando Martínez por su supuesta relación con la trama de los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels. Martínez fue presidente de la comisión de garantías del PP catalán hasta el congreso del pasado otoño y anteriormente había ocupado la vicepresidencia del partido en Barcelona.

Después de declarar durante varias horas en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, la magistrada Elisabet Castelló le citó para que comparezca el próximo lunes y acordó su libertad. El letrado fue detenido el jueves por la tarde junto con su socio Álex Garberí, acusados de extorsión y asociación ilícita. Los Mossos d'Esquadra irrumpieron en su despacho y realizaron un registro antes de conducirlos a comisaría.

La tesis de la fiscalía es que tanto Martínez como Garberí utilizaron sus relaciones profesionales para que se produjeran redadas de la policía en los citados prostíbulos, a sabiendas de que allí encontrarían mujeres en situación irregular en España ofreciendo sexo de pago. La intervención policial serviría así, siempre según la versión de la fiscalía, para forzar su contratación como abogados de los propietarios de los locales.

El PP catalán no anunció ayer ninguna medida disciplinaria contra Martínez, que sigue militando en el partido, en contraste con el anuncio de abrir un expediente de expulsión al regidor popular en el Ayuntamiento de Cardedeu, Alfredo Preñanosa, por impulsar una moción en favor de la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Con todo, se trata de dos situaciones distintas, pues los cargos contra Martínez son por una actuación profesiona y particular al margen del partido, mientras que el edil actuó como representante del PP.

Martínez es también secretario general de la Federación Catalana de Asociaciones de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) y ha impulsado numerosos procedimientos en defensa de los intereses de los propietarios de esos establecimientos.

Álex Garberí, su socio, está vinculado a la Asociación Catalana de Empresas de Clubes de Alterne. Garberí pasará el fin de semana en comisaría, después de que la juez prorrogara su detención hasta el próximo lunes. El fiscal David Martínez Madero solicitó para él prisión incondicional tras prestar declaración en la mañana de ayer, la misma medida que reclamó para el inspector del Cuerpo Nacional de Policía José Javier Martín Puyal, alias Jordi, que fue jefe del Grupo de Extranjería y ahora estaba de baja por depresión. Este mando policial también pasará el fin de semana detenido hasta que la juez resuelva la petición del fiscal.

La cuarta persona que declaró ayer como imputado ante la juez y que quedó en libertad con cargos es Carlos Carretero, que en su día fue socio fundador del despacho que compartía con Martínez y Garberí. Carretero ejercía desde el pasado 19 de marzo como juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Girona y ayer renunció al cargo.

La detención de los abogados cierra el círculo sobre la trama. Primero fueron los propietarios de los locales, dos de los cuales están en prisión peventiva. Después vinieron los mandos policials en ejercicio o ex mandos que supuestamente permitieron los sobornos y colaboraron en ellos, y finalmente han sido los abogados defensores.