Tercer sector social

En plena recepción de la crisis, y mientras constatamos aumentos muy notables en la frecuentación de personas con dificultades a servicios y ayudas ofrecidas tanto desde el ámbito público como desde el ámbito social, se inaugura hoy el II Congreso del Tercer Sector Social de Cataluña. Es indudable que esa esfera que no es propiamente la de las administraciones públicas, ni tampoco es directamente mercantil, ha ido ganando espacio en el país. Los perfiles de este espacio son difusos, pero, a pesar de ello, es indiscutible que nadie puede negar la creciente significación en el ámbito de las políticas sociales y de atención a las personas de todo tipo de entidades civiles, religiosas, laicas, más globales o más locales, más adosadas a las administraciones públicas o con más autonomía, con altos grados de profesionalización o con fuerte presencia de voluntariado. Las más de mil personas inscritas en el mencionado congreso y la riqueza de las intervenciones previstas así lo manifiestan. Pero, como casi siempre, es en los momentos de consolidación de un espacio, cuando se debe ir pasando del entusiasmo unitario del esfuerzo constructor, a la reflexión más serena sobre las expectativas y contradicciones que la nueva fase implica.

La crisis obliga a buscar instrumentos que permitan no tropezar de nuevo

La política no se acaba en las instituciones. Y las políticas públicas no se agotan en lo que hacen las administraciones públicas. La vitalidad democrática de una sociedad no se mide sólo por la participación electoral, por importante e ilustrativa que sea. Tenemos ejemplos de expresión, implicación e intervención democrática, que buscan y encuentran otros canales distintos del voto para manifestar las posiciones de la ciudadanía civil. Las organizaciones sociales expresan esa realidad democrática que enriquece un país. La fuerza del tercer sector social en Cataluña es hoy incontestable, pero no por ello deberíamos dejar de preguntarnos por su grado de autonomía, su perspectiva crítica, o por su capacidad de expresar un espacio de política no gubernamental. Son evidentes su presencia e influencia en las políticas sociales del país y en la de muchos municipios catalanes. Pero, el sector ha de cuestionarse sobre si esa presencia innegable en los espacios de gestión e implementación de políticas lo es también en su capacidad de influencia sobre las estrategias que seguir ante la crisis, o sobre cómo vincular políticas sociales con políticas económicas, políticas de inmigración o estrategias futuras de desarrollo. Me consta que desde el sector se reivindica el hecho de formar parte del espacio público, desde la constatación de las aportaciones de valor que la iniciativa social realiza en calidad y compromiso de servicio y en su capacidad para afrontar de manera integral la creciente demanda de personalización y atención a la diversidad en la provisión de servicios. Pero, ello no debe impedir el mantener una actitud de independencia en el entramado de vínculos con las instituciones representativas, evitando acabar como meros operadores de decisiones de otros. Muchas de esas entidades evidentemente no pretenden acogerse al anagrama de AGO (Anti-Governmental Organizations), pero tampoco deberían acomodarse con el de GONGOS (Governmental Operated Non Governmental Organizations). Hasta ahora, el sector ha logrado ejercer influencia sin ser capturado. Pero, los esfuerzos de transparencia, de mejora y diferenciación en las condiciones laborales y de autocertificación, como palancas de identidad, fuerza y autonomía, deberían proseguir y consolidarse, no perdiendo capacidad reflexiva ni voluntad transformadora.

Los retos son también importantes desde los poderes públicos. No siempre lo no gubernamental es bueno por definición, ni negativo todo lo que concierne al sector público. Las instituciones públicas no pueden dejar de preocuparse por sus déficit democráticos y por sus rigideces e insuficiencias de gestión, amparándose en las alianzas que establezcan con el tercer sector social. Lo público no se circunscribe a los poderes públicos, pero se fundamenta en ellos. No podemos sustituir la legitimidad de los poderes públicos por la legitimidad de las ONG. Las responsabilidades, la representatividad, las obligaciones de dar cuentas y de actuar en nombre de todos no permiten sustituciones funcionales. Las carencias de la esfera gubernamental no pueden ocultarse por la acción solidaria y el esfuerzo civil. Cada quien ha de asumir las responsabilidades que le corresponden. Decidir si determinado servicio o prestación pública lo ha de asumir directamente una Administración pública, o bien se ha de proveer desde el ámbito mercantil o desde la iniciativa social no es una mera cuestión técnica o de eficiencia o coste. Esa elección acaba generando, por decantación, modelos o regímenes de bienestar distintos. Conferir, por ejemplo, los planes de desarrollo comunitario de un país o de una ciudad a una empresa mercantil especializada en seguridad y limpieza no puede justificarse sólo por razones de eficiencia y las consecuencias de esa elección no son insignificantes. La crisis nos obliga a extremar la reflexión sobre los instrumentos colectivos que queremos emplear para buscar salidas socialmente viables que permitan no tropezar de nuevo con las mismas piedras de siempre.