La Junta se enfrenta al Gobierno contra el 'cierre' de los chiringuitos

El futuro de los chiringuitos no es un asunto baladí para la economía de las zonas turísticas, hasta el punto de que la Junta de Andalucía está dispuesta a abrir un frente con el Gobierno central si éste no se muestra flexible para permitir la continuidad de estas instalaciones en las playas. El propio presidente, Manuel Chaves, se puso ayer en cabeza de la reivindicación y comprometió los esfuerzos de su Gobierno en la causa. Abogó sin ambages porque los chiringuitos se queden donde están y dijo que la ley "permite un margen de flexibilidad en cuanto a su interpretación para ver si se mantienen o no".

El Reglamento de Costas contempla la ubicación en la arena de actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan estar en otros sitios. Y ésa es la vía que invocan la Junta y el sector.

Chaves anunció que el Gobierno ha aceptado constituir una comisión mixta en la que estarán representados el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta, y el sector de chiringuitos para abordar soluciones y estudiar la posibilidad de que los locales que tienen instalaciones estables y concesiones otorgadas tras la aprobación de de la actual ley puedan permanecer en la playa "en determinadas condiciones de calidad y excelencia".

Chaves avaló así la reivindicación del sector turístico y del consejero del ramo, Luciano Alonso, quien hace un mes en el Parlamento ya abogó por abrir vías para reconocer la excepcionalidad de los chiringuitos en la Ley de Costas que prohíbe cualquier ocupación de la playa en la franja de 100 metros de servidumbre.

Chaves insistió ayer en que el chiringuito es "un elemento singular e identitario de la oferta de ocio de las playas andaluzas". E ilustró su afirmación con datos. El sector de playas, que abarca chiringuitos, hamacas e instalaciones náuticas, cuenta en Andalucía con unas 4.000 empresas en las que trabajan unas 40.000 personas de forma directa, en su mayoría empleo estable, y facturan unos 500 millones de euros anuales.

Partidos políticos, empresarios, sindicatos, ayuntamientos y también la Junta han cerrado filas en Andalucía después de que el lunes el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, advirtiera en Málaga que no hay alternativa posible al precepto legal que determina que no se puede ocupar la playa y que los chiringuitos deben ser reubicados.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, lanzó ayer también un mensaje tranquilizador al mostrar su seguridad en que habrá "una solución satisfactoria para todas las partes".