El Congreso de EE UU interviene para recuperar los sobresueldos de AIG

El reparto de bonos entre los directivos de la compañía aseguradora AIG ha desatado una ola de indignación en la sociedad norteamericana y ha provocado una guerra sin precedentes entre una empresa símbolo de Wall Street y el poder político en Washington, donde el Congreso garantizó ayer a los ciudadanos que el dinero pagado como sobresueldos será recuperado de cualquier forma.

Sumándose a la promesa hecha el día anterior por el presidente, Barack Obama, de utilizar todas las vías legales a su alcance para bloquear los bonos de AIG, el jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció una iniciativa legislativa, que podría estar lista hoy mismo, para conseguir que los 165 millones de dólares (unos 128 millones de euros) repartidos entre los ejecutivos de la mayor aseguradora del mundo sean devueltos.

71 ejecutivos cobraron más de un millón de dólares, según el fiscal

"Si no los devuelven por su propia voluntad, nosotros nos encargaremos de que lo hagan", manifestó el influyente senador demócrata Charles Schumer, presidente del comité de Reglamento de la Cámara alta. Schumer avanzó que maneja la opción de gravar fiscalmente la práctica totalidad de los sobresueldos. En una prueba del calor que este episodio ha alcanzado, el senador republicano Charles Grassley ha propuesto que los ejecutivos de AIG resuelvan esto "al estilo japonés", es decir, compareciendo ante sus compatriotas y "haciendo una de estas dos cosas: dimitir o suicidarse".

La rabia entre la opinión pública es, desde luego, extrema. Todos los programas de televisión y medios digitales ofrecen continuamente testimonios de una población atónita ante el hecho de que una empresa que lleva perdidos este año 65.000 millones de dólares (50.000 millones de euros) y que ha recibido ya 170.000 millones de dólares (131.000 millones de euros) en ayudas del Estado haya premiado a sus ejecutivos de una forma tan generosa.

Esa indignación, infrecuente en un país que representa la quintaesencia del capitalismo y siempre ha fomentado la ambición por el éxito y el dinero, ha convertido el caso de AIG en un problema político de primera magnitud.

La oposición republicana ha acusado al Gobierno de incompetencia en el asunto. "Es inconcebible que el Gobierno no supiera lo que estaba pasando en una empresa de la que el Estado posee el 80%", manifestó el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner.

Algunos de sus compañeros de partido han llegado a sugerir que el secretario del Tesoro, Tim Geithner, debería de presentar la dimisión por este caso. "Ésta es una prueba más de que está desbordado por la situación", declaró el senador Richard Shelby, el más alto representante republicano en el Comité de Banca del Senado.

Geithner parece, efectivamente, atrapado en medio de un asunto que no tiene fácil solución. Bloquear legalmente los bonos de AIG, como le ha pedido Obama -y exige a gritos la ciudadanía-, parece muy complicado desde el punto vista técnico y extraordinariamente delicado desde el punto de vista económico.

Técnicamente, varios expertos han anticipado que -más allá de imponer un gravamen de casi el 100%- nada puede hacerse contra unos pagos que estaban reglamentados por contratos perfectamente legales. Ahí puede haber algún tipo de negligencia por parte de las autoridades que entregaron las ayudas públicas. En otras empresas favorecidas por esas ayudas, como las automovilísticas, los ejecutivos fueron obligados a reformar los contratos para rebajar sus sueldos.

La vía de actuación que ahora parece más a mano es la de someter a los beneficiarios de los bonos al escarnio público hasta obligarles a devolver el dinero. En esa línea parece actuar el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, al solicitar a AIG todos los datos, incluidos los nombres de los destinatarios, sobre el recorrido de los sobresueldos.

Cuomo ofreció ayer algunos detalles al respecto. Informó de que 71 ejecutivos habían cobrado más de un millón de dólares. Uno de ellos superó la cifra de 6,4 millones, y entre los 10 más remunerados juntaron 42 millones.

Pero la intervención del poder político para regular los salarios de las empresas privadas tiene un potencial efecto explosivo sobre las más básicas reglas del juego del sistema. Un analista comentaba ayer que "nada bueno puede ocurrir si se añade a la incertidumbre económica la incertidumbre sobre la retribución de quienes tienen que resucitarla".

Lo mismo parece pensar el consejero delegado de AIG, Edward Liddy, quien ha advertido del riesgo que esta presión supone para la empresa. "No vamos a poder atraer y retener a los mejores talentos si los empleados creen que su retribución está continuamente sujeta al ajuste arbitrario del Departamento del Tesoro", manifestó. Liddy, que cobra un millón de dólares anuales y llegó a su cargo tras la intervención de AIG por el Estado, comparece hoy en el Congreso.