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El magistrado Flors, ponente del 'caso Camps' en el TSJ

Los socialistas reclaman que el presidente explique cómo paga sus gastos

El magistrado José Flors Matíes es el encargado de dirimir si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es competente para investigar el caso Camps. La sala de Lo Civil y Penal, en la que descansan los asuntos que afectan a aforados, decidió ayer, cumpliendo con las normas de reparto, que Flors se haga cargo de la causa. Juez de carrera, adscrito a la asociación Francisco de Vitoria, José Flors fue el instructor que archivó la querella presentada por Eduardo Zaplana contra dos diputados autonómicos socialistas por la difusión de unas conversaciones en relación con el caso Terra Mítica.

José Flors pertenece a la sala de Lo Civil y Penal desde octubre de 1995, responsabilidad a la que accedió desde la presidencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Es director de la Revista Jurídica, que publica la editorial Tirant Lo Blanc, y acumula decenas de libros publicados sobre distintos aspectos jurídicos, desde revisiones de leyes a programas de opositores. Cuenta con un amplio reconocimiento en la carrera judicial.

El magistrado, como ponente, tendrá ahora que evaluar si la causa enviada por el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, en la que implica en una trama de sobornos al presidente Francisco Camps, al secretario de los populares valencianos, Ricardo Costa, al ex consejero de Justicia Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret es competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La causa tiene dos aforados, Camps y Costa. Y por ello, en sentido estricto es el TSJ el tribunal correspondiente. Sin embargo, a tenor de los delitos (cohecho, tráfico de influencias y falsificación) deberá estudiar si correspondiera hacerse cargo del caso al tribunal del lugar en el que se cometieron o al primero que conoció de los hechos. Es decir, el caso podría ser enviado al Tribunal Supremo o devuelto a la Audiencia Nacional. Esas cuestiones técnicas, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, serán las que despejará. Su decisión será presentada a la sala, formada por cuatro magistrados más. Y si la sala considera que, en efecto, es el TSJ el tribunal competente, el siguiente paso será la instrucción, que debería igualmente corresponderle a él, tal y como ha funcionado la sala de Lo Civil y Penal hasta ahora.

La llegada del caso Camps al tribunal valenciano no ha hecho que los implicados desvelen más datos sobre los supuestos regalos que recibieron y los favores que en contraprestación pudieron hacer. La Generalitat mantiene que acudirá a la justicia para defenderse de quienes "ataquen al presidente". Por ello, la oposición insiste en pedir explicaciones.

Josefa Andrés, portavoz socialista de Justicia, exigió ayer al presidente Camps que aclare "si va a utilizar los servicios jurídicos del Consell para fines privados", en relación precisamente a esas acciones legales anunciadas el pasado domingo.

Elena Martín, secretaria de organización del PSPV, reclamó ayer a Camps que explique cómo paga sus gastos y por qué no puede justificar el pago de los trajes que niega haber recibido como dádiva. El diputado socialista Ximo Puig pidió "la comparecencia de Camps en las Corts".

Por su parte, el consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, no quiso ayer hacer declaraciones sobre el asunto y se limitó a decir: "Son milongas, una mentira del principio hasta el final".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de marzo de 2009