El PP dice ahora que serán los jueces los que aclaren si hubo espionaje

Después de consumar en cuatro sesiones el carpetazo a la investigación parlamentaria sobre el presunto espionaje político en Madrid -argumentando que no puede haber responsabilidades políticas porque "no hubo espionaje"-, el PP le pasó ayer la pelota a los tribunales y expresó su confianza en que éstos lleguen al "total esclarecimiento de los hechos". ¿Qué hechos, si no hubo espionaje? "Hay unas causas judiciales abiertas, y somos los primeros interesados en que esa vía judicial arroje luz en el ámbito penal, como ha arrojado luz la vía parlamentaria", contestó el portavoz popular, David Pérez.

Minutos antes, el PP había empleado su mayoría absoluta para absolver políticamente a Esperanza Aguirre en el caso: la fugaz comisión de investigación del Parlamento madrileño aprobó el dictamen de conclusiones de los populares, que sentencia: "La Comunidad de Madrid ni ha ordenado ni ha amparado ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos". Fueron desestimados los dictámenes de PSOE e IU, que no sólo certificaban que hubo espionaje sino que apuntaban a la presidenta Aguirre como máxima responsable.

El diputado espiado Prada no confirma si acudirá al pleno que aprobará el dictamen

El documento aprobado exime de toda culpa a la Comunidad, pero rebaja el tono mantenido por los diputados del PP en las últimas semanas. Los partes que publicó EL PAÍS ya no son radicalmente "falsos", sino "inexactos". Esos documentos que reflejan seguimientos a altos cargos del PP durante los meses de abril y mayo de 2008 no son "papelitos de galletas de la suerte encontrados en la puerta de un restaurante chino", como llegó a calificarlos el diputado popular Juan Soler, sino que "en muchos casos no se corresponden con la agenda" de los espiados. "La inexactitud de su contenido impide dar verosimilitud a su conjunto", señala el texto. Y la aseveración de que "no existen los espiados porque no ha existido espionaje" -repetida durante cuatro sesiones y, aún ayer, en la quinta y última- no figura negro sobre blanco en el dictamen.

Esas conclusiones serán aprobadas mañana definitivamente por el pleno de la Asamblea de Madrid, donde tienen escaño -y voto- dos de los políticos que sufrieron los presuntos seguimientos: Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores. Prada, que es miembro de la dirección nacional del PP y responsable del partido en el exterior, ha confirmado a este periódico que mañana tiene un viaje de trabajo y aún no ha decidido si podrá acudir al pleno, informa Carlos E. Cué.

El dictamen ocupa 62 páginas: las primeras 42 son una mera relación de los trámites seguidos para crear la comisión, y después el PP se limita a resumir lo que dijeron los 11 comparecientes que pudieron hablar (eliminando lo que dijeron en contra de las tesis del PP, como que Madrid no tiene competencias para hacer labores de escolta ni contravigilancia).

Por último, las conclusiones hacen referencia al informe grafológico, encargado por el Gobierno regional, que "acredita" que "la letra de las anotaciones manuscritas" de los partes "no se corresponde" con la del técnico de seguridad José Manuel Pinto, señalado por otro informe grafológico encargado por este periódico. El informe para el Gobierno, dice el PP, lo ha realizado "el Presidente de los Peritos, Cástor Iglesias". En realidad, Iglesias es presidente de la Asociación Nacional de Peritos Tasadores Judiciales, que no es el órgano colegiado de los peritos sino una de las muchas asociaciones que existen. El informe lo hizo con fotocopias, no con documentos originales.

"La verdad se ha ido abriendo paso, las teorías han ido cayendo una tras otra, pero ustedes no se han dado por enterados porque siguen aferrados a su política calumniosa", espetó a los diputados de la oposición el popular David Pérez durante la sesión de cierre de la comisión. Reiteró que "la Comunidad de Madrid ha sido víctima de una operación de acoso y calumnias plenamente planificada", insistió en que "no ha habido espiados porque no ha habido espionaje" y terminó con un consejo ético dirigido al PSOE e IU: "En política no vale todo".