Un problema de autoridad

Estamos ante un problema de autoridad. Nunca antes Francisco Camps protagonizó tantas portadas de prensa. El domingo, a cuenta de los trajes que, según su sastre, pagó la trama corrupta con billetes de 500 euros. El lunes los periódicos publicaban en primera página la imagen del presidente de la Generalitat en la castellonense romería de las cañas. Ataviado de peregrino, Camps aparecía triste, cogido a una caña, no se sabe si como cruz penitenciaria o como báculo con el que reponerse del profundo cansancio que parecía embargarle. No era para menos porque antes había tenido que oírse gritos de "trajes para todos". A veces, como dice la clásica expresión, las cañas se tornan lanzas.

Sorprendentemente, ayer Francisco Camps no asistió a la reunión de la cúpula del PP en Madrid y optó por acudir a Feria Valencia para presentar el llamado Plan confianza, con el que su gobierno autonómico pretende estimular la alicaída actividad económica. Pero no es precisamente de confianza de lo que anda sobrado el Gobierno valenciano y de manera especial su presidente, por lo que el encuentro acabó convirtiéndose, merced al pelota de turno, en un acto de adhesión a Camps.

Ciertamente, Francisco Camps merece, como cualquier ciudadano, la presunción de inocencia. Pero lo que también es cierto, es que, como presidente, está obligado a dar un mínimo de explicaciones a los ciudadanos a los que representa. En lugar de eso Camps se ha refugiado en un incomprensible silencio y en un ataque furibundo con el apoyo de los suyos al juez, a la policía, a los medios, a la oposición y... ¡al sastre!

Los detalles aportados por el sastre dibujan un panorama bastante cutre de los oropeles del poder, pero es sobre todo la forma de gestionar el asunto por parte de Camps lo que le está dando más vuelo al escándalo. De manera que lo que en un principio parecía una acusación anecdótica e inverosímil, poco acorde con el carácter y la trayectoria de Francisco Camps, está acabando por tomar cuerpo y amenaza con pasarle factura.

Se mire como se mire, el presidente aparece atenazado. Incapaz de mover otra pieza que no sea la del cerrojazo. Cerrojazo sobre el contrato de Orange Market con Vaersa, empresa de la Generalitat entonces dependiente de Blasco. Cerrojazo de la consejera de Industria, Belén Juste, sobre los contratos de Orange Market con la Feria de Valencia, donde ayer su presidente, Alberto Catalá, montó, él sabrá por qué, el número de la adhesión inquebrantable. Cerrojazo del vicepresidente Rambla sobre 11 contratos de la sociedad pública para grandes eventos, que han sido declarados secretos como si la promoción de la Comunidad Valenciana respondiera a una misteriosa y oculta estrategia del agente 007, cuya última película, por cierto, sin que se sepa aún a cuento de qué, fue objeto de promoción con cargo a las arcas de la Generalitat. Y sobre todo cerrojazo en torno a Serafín Castellano, conseller de Gobernación, cuya permanencia en el Gobierno valenciano sería injustificable en circunstancias normales y que hoy sólo es explicable por la debilidad y evidente pérdida de autoridad de su presidente.

La continuidad de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón durante los últimos años ha cuestionado seriamente la autoridad real de Camps al frente de toda la organización regional del PP, pero ahora, lo que está en cuestión es la autoridad sobre su propio Gobierno. Algo mucho más grave, porque al margen de los avatares judiciales de la causa, lo que está en juego es la credibilidad institucional.