PP y PSOE dejan pudrir el Constitucional

La renovación puede retrasarse hasta después de las elecciones europeas

Gobierno y PP están a punto de retomar el Pacto de la Justicia una vez dimitido el ministro Mariano Fernández Bermejo. Será para casi todos los efectos menos para nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. El nombramiento está pendiente desde diciembre de 2007. El proceso se puso en marcha hace siete meses y, desde finales de octubre, se pudre en el olvido de la carpeta de "asuntos pendientes" del Senado, la institución que debe elegir a los magistrados. Ya se han batido todos los récords de interinidad del alto tribunal.

Lo más sorprendente es que los dos partidos mayoritarios no dan muestras del más mínimo interés por retomar las negociaciones y queda claro que esperan a que el actual Tribunal Constitucional, con sólo 10 magistrados y un tercio en precario, falle sobre el Estatuto de Cataluña. Las previsiones del propio tribunal y de los partidos catalanes es que esa sentencia puede demorarse aún hasta después de las elecciones europeas de junio.

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Los acontecimientos han dejado anticuado el novedoso procedimiento por el cual los Parlamentos autónomos pudieron, por primera vez, proponer candidatos al Senado. Desde que lo hicieran hay dos Cámaras, la de Galicia y la del País Vasco, con mayorías diferentes. Del Parlamento gallego hay un candidato propuesto por el PSOE, otro por el BNG y ninguno del PP, que ahora ya tiene mayoría absoluta.

Algunos de los 23 juristas propuestos ya empiezan a quitarse de en medio ante el estancamiento de la situación en el Senado. Ángel Juanes, propuesto por Extremadura, opta estos días a la presidencia de la Audiencia Nacional, igual que el presidente del Tribunal Superior de La Rioja, Ignacio Espinosa. Juan Carlos Campo, propuesto por Andalucía, es ahora secretario de Estado de Justicia. Es decir, el número dos del ministerio es aún candidato al Constitucional.

El proceso se frenó porque el PP maniobró para que sus únicos candidatos fueran Enrique López y Francisco Hernando, portavoz y presidente del anterior CGPJ, enfrentados gravemente con el Gobierno y a los que el PSOE no acepta. Eso cerró cualquier margen de negociación. Ante la imposibilidad de acuerdo (los votos de PP y PSOE son imprescindibles para lograr la mayoría cualificada que exige el nombramiento), el presidente del Senado, Javier Rojo, paralizó los trámites para no ir a una elección dividida que fracasara y desprestigiara a los candidatos y a la institución.

Pero los portavoces de los grupos minoritarios del Senado, que aunque cumplen un papel testimonial son parte del proceso, no dudan en denunciar el escándalo. El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, cree que se perjudica la imagen de las dos instituciones. "Del Senado, al ser incapaz de desbloquearlo, y del Constitucional, porque se evidencia que la politización es absoluta". Para Vilajoana, "la situación es grave", y no acepta que haya que esperar a la sentencia del Estatuto. "Es un tipo de cálculo inaceptable".

Carles Bonet, portavoz de ERC y del tripartito catalán, comparte la indignación ante un proceso "hiperviciado". Añade que "estas mayorías cualificadas han demostrado ser un desastre. Ya podía el Consejo de Estado hacer un informe reflexionando sobre estos nombramientos, que parecía que la mayoría cualificada los blindaba ante el partidismo y resulta que sucede lo contrario". Si el acuerdo final incluye a López o Hernando, advierte, les dirán todo lo que tengan que decirles cuando vayan a comparecer a la Cámara. No habrá paripé.

Joseba Zubia, del PNV, es el único portavoz que le ha dicho las cosas a las claras al presidente del Senado en público. El día que Rojo anunció a los portavoces que iba a frenar el proceso, Zubia le advirtió delante de todos que, si la situación se prolongaba, iba a perjudicar todavía más a la institución que el hecho de ir a un nombramiento polémico. De esto hace más de cuatro meses, que le han dado la razón al peneuvista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 15 de marzo de 2009.

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