Preparados para invertir

Las sucesivas proclamas públicas del vicepresidente Pedro Solbes y el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, están llevando el debate sobre la corrección del sistema financiero español a un mar de confusiones y malentendidos. Tal como se expresa el máximo responsable de AEB, parece que existe un deseo vehemente de desmarcar la salud de los bancos, considerada como razonablemente buena, de las debilidades que afloran en algunas cajas de ahorros. Porque así, en términos de debilidad, se interpreta la fusión en marcha de Caja Castilla-La Mancha y Unicaja y, probablemente, la que está en ciernes en las entidades de Castilla y León. El discurso de la AEB niega vehementemente las intervenciones con capital público, apela al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como único instrumento de intervención y defiende que quiebren las entidades que no sean viables. Solbes, muy en su papel, defiende la intervención pública cuando sea necesaria y asegura que el Gobierno está dispuesto a poner todo el dinero que sea necesario para recapitalizar los bancos si es necesario.

Es un acierto de Martín sugerir que el mercado bancario necesita de una reducción de tamaño. De una reconversión, por decirlo así. Pero se equivoca al confiar en el FGD como instrumento ejecutor. Sería saludable que los eventuales episodios de crisis bancaria pasen por el fondo, pero a sabiendas de que la institución sólo podría examinar las cuentas, dictaminar los daños y exigir responsabilidades a los gestores de la entidad afectada; porque carece de recursos para corregir crisis bancarias graves. Aunque le pese a la AEB, la decisión sobre qué bancos o cajas deberían ser salvados o condenados excede en mucho la capacidad de la ventanilla del fondo.

Solbes, por su parte, amaga sin precisar. Cuando menciona una hipotética recapitalización bancaria con recursos públicos no aclara qué capacidad se atribuiría el Estado para imponer sus criterios en la entidad intervenida. El Gobierno necesita un programa de actuación muy claro, según sea la gravedad del caso, por si ha de intervenir de forma rápida. La fusión de las cajas de ahorros es la solución más leve, recomendable en casos de acuerdo técnico y político, y siempre que se expongan sobre la mesa los costes explícitos y los ocultos de cada operación. Pero es posible que una entidad con dificultades no tenga posibilidad de fusión; en ese caso, el FGD debe hacerse cargo de su reflotamiento o de los trámites de su desaparición. Para los casos más graves, si llegaran a producirse, es decir, aquellos que eventualmente afectaran a entidades grandes cuya ruina causara grandes daños en el mercado financiero, la única solución sería la recapitalización directa con dinero público. Eso sí, a cambio de participación del Estado en el capital mediante acciones con plenos derechos políticos y económicos. Si alguna lección cabe extraer de la ya prolongada crisis financiera es precisamente que las inyecciones de capital sin control posterior son tan estériles como apilar dinero en un pozo sin fondo.

Es muy posible que el Gobierno tenga dificultades para explicar sin subterfugios ni rodeos un protocolo de intervención bancaria. Pero está obligado a intentarlo, en parte para frenar la confusión reinante, pero también para que no haya equívocos si llega el momento decisivo. Que quizá no llegue.