El 'caso Camps' llega al TSJ en vísperas del cambio de presidente

La causa que implica al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una trama de corrupción vinculada al PP llegará en los próximos días al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en vísperas de que se renueve su presidencia. El actual presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, tiene intención de optar a un tercer mandato, pero el envío por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de la parte de las investigaciones que afecta a Camps y Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y diputado en Cortes, también aforado, complica su objetivo. Media docena de nombres, entre los que figura el del presidente de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, forman la baraja que manejará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el relevo en el TSJ.

La causa por la supuesta trama de favores desde Administraciones públicas gobernadas por el PP fue remitida el viernes al TSJ por la Audiencia Nacional dado que afecta a dos aforados, el presidente de la Generalitat y el secretario general del PP valenciano, así como a Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. La sala de Lo Civil y Penal, que preside De la Rúa, va a estudiar qué hacer con la causa cuando estará a punto de empezar el proceso de selección para presidente del TSJ valenciano. De la Rúa, amigo de Camps, presentará de nuevo su candidatura, a no ser que le fallen los apoyos. En el CGPJ, donde es evidente la lucha de intereses entre las asociaciones profesionales, inquieta la coincidencia.

La condición de aforados de Camps y de Costa obliga a que el asunto vaya directamente a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ, que está formada por cinco magistrados: Juan Luis de la Rúa, como presidente; José Flors, Juan Climent, Juan Montero y José Francisco Ceres.

Cuando la causa sea convenientemente registrada, cumpliendo con los turnos de reparto establecidos (hay 21 normas para ello) se nombrará ponente. Ese ponente resolverá inicialmente sobre la competencia, es decir, si es o no esa la instancia judicial que debe hacerse cargo del asunto.La competencia del caso, denominado operación Gürtel, se decide sin entrar a valorar los hechos. Y aunque la causa aparente poca discusión por la condición de aforados de los dos principales implicados, Camps y Costa, no está tan claro. Dos razones al menos podrían argumentarse para que el asunto fuera enviado a la sala segunda del Tribunal Supremo. Las dos están relacionadas con los delitos que se describen en el auto de Garzón: cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Una razón consiste en que el supuesto cohecho derivado de que Camps y Costa aceptaran trajes comprados por una empresa satélite de Correa, dirigida por Álvaro Pérez en Valencia, tiene su origen en Madrid. Por tanto, la causa la vería el juzgado competente del lugar donde se cometió el delito. Otra razón se basa en la conexidad de delitos. Es difícil separar la dádiva de los trajes de las adjudicaciones que las empresas de Correa y Pérez consiguieron de la Administración valenciana y del PP valenciano. Cuando eso se produce, se ocupa de la causa el primer tribunal que tuvo conocimiento de los hechos.

Si el ponente de la sala de Lo Civil y Penal del TSJ no esgrime ni esas ni otras razones y se considera competente, la siguiente fase es la que encabeza el instructor. Lo habitual es que el instructor sea la misma persona que el ponente porque la sala en pleno son sólo cinco magistrados. En el caso de que se celebre juicio, el tribunal estará formado por tres de ellos, que no hayan intervenido antes en el asunto. Si el ponente y el instructor son personas diferentes, sólo quedan tres magistrados para formar el tribunal y no existiría posibilidad de responder ante cualquier eventualidad.

El instructor valorará inicialmente si existen indicios de delito suficientes o por el contrario necesita que quien le ha enviado el asunto le aporte más pruebas. Si eso ocurriera, la causa regresaría a Garzón. Si considerara que procede instruir, porque también cabe la posibilidad técnicamente de que proponga a la sala archivar sin practicar ninguna diligencia, determinaría qué declaraciones o pruebas documentales se van a utilizar para alcanzar una propuesta de juicio. Y sería entonces cuando podría llamar a declarar a Camps, Costa y los demás implicados en una trama que pudo llegar incluso a servir para la financiación ilegal del Partido Popular.

En la instrucción participa, como en la de cualquier otro juzgado de lo Penal, el ministerio fiscal. En este caso será, en representación de la Fiscalía Anticorrupción, la misma fiscal que ha llevado el asunto en el juzgado central de Instrucción número cinco de Madrid. Contará con el apoyo del fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, y en su caso del fiscal delegado en Valencia, Jesús Carrasco. Llegados a este punto, la investigación de lo ocurrido terminaría en un auto de imputación y se celebraría juicio. No se vislumbra un proceso rápido ni sencillo.

Es en el inicio de este asunto cuando comienza también la lucha por el relevo en la presidencia del TSJ. Francisco Camps ha hecho ostentación pública de sus buenas y estrechas relaciones con De la Rúa, al igual que Fernando de Rosa, juez en excedencia, consejero autonómico de Justicia y ahora vicepresidente del CGPJ. Fernando De Rosa ya fue corregido por unas declaraciones públicas en las que criticó a Garzón por el caso Gürtel, insinuó que podía incluso estar prevaricando y defendió que se levantara el secreto de sumario para que el PP no estuviera indefenso. Juan Luis de la Rúa ha recibido por parte de Camps y De Rosa muestras públicas de amistad.

De la Rúa lleva diez años como presidente del TSJ. Dos veces en las últimas convocatorias ha optado a una plaza de magistrado del Supremo que no ha conseguido. Ahora, cuando muchos en la carrera judicial creen que debería abstenerse en el caso que implica a Camps por higiene formal, se prepara para optar a un tercer mandato. El proceso se abrirá presumiblemente el próximo mes de mayo. Los últimos episodios de interferencia judicial en asuntos políticos y viceversa han irritado a un sector importante de la carrera judicial. Fernando de Rosa, gran apoyo para De la Rúa, no vive en el CGPJ una situación cómoda tras sus declaraciones.

Pero además, De la Rúa tendrá varios competidores, algunos de ellos serios. Aunque nadie afirma que se va a presentar, porque todos esperan a saber a quién apoya cada asociación profesional, el sucesor más serio de De la Rúa será, presumiblemente, Pedro Castellano, presidente de la Audiencia de Valencia, también de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Aunque oficialmente no ha habido aún un pronunciamiento, es Castellano quien parece contar con el apoyo de los sectores conservadores y a quien se ha considerado prácticamente el relevo natural. Y eso podría dejar fuera a De la Rúa. Junto a él, José Flors, magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal, vinculado a la asociación Francisco de Vitoria, de larga experiencia y gran reconocimiento, sería otro aspirante. También lo serían Francisco José Pérez, magistrado del TSJ en la sala de Lo Social, perteneciente a Jueces para la Democracia, y María Ibáñez, magistrada de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, asimismo de Jueces para la Democracia, a la que se asocia con el proyecto más renovador. Ibáñez, junto a otros dos magistrados, impugnó y logró anular el nombramiento de José Francisco Ceres como miembro de la sala de Lo Civil y Penal donde, en cualquier caso, sigue de manera provisional por decisión del propio De la Rúa.

La magistrada es una de las apuestas fuertes de los sectores progresistas y también aspiraría a hacerse con la presidencia de la Audiencia si Castellano consigue llegar al TSJ. Suenan también José María Tomás y Tío, presidente de la sección segunda de la Audiencia de Valencia y miembro de Jueces para la Democracia, con un importante protagonismo público a cuenta de la Fundación por la Justicia, así como buen conocedor de las esferas políticas, y Luis Manglano, que fuera instructor del caso Naseiro. Cualquiera de estos nombres necesita tres quintas partes de los votos para ser elegidos en el CGPJ.

No hay combinación posible si se excluye la representación de cualquiera de las asociaciones mayoritarias. Es necesario el consenso y dependerá de las plazas de presidencia que estén en juego en ese momento en otros tribunales superiores, como los de Cataluña, Andalucía o el País Vasco. Si no hay acuerdo, De la Rúa puede continuar de forma interina.

Esas cuotas de poder que tendrá que resolver el CGPJ van a estar sobre la mesa cuando la causa que implica a Camps empiece su procedimiento en el TSJ valenciano. Para algunos, incluso, lo más sano y garantista, lo menos ruidoso y sospechoso, siquiera formalmente, sería que el Supremo se ocupara de Camps y de Costa.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, que se reunió el viernes con De la Rúa y los magistrados del TSJ, puntualizó ayer que "al señalar que el juzgado de Garzón podía funcionar sin la presencia del juez", criticada por el PP, "se refería exclusivamente a que la ausencia del citado magistrado de su juzgado durante tres días, ausencia debidamente autorizada por el propio Consejo, no afectaba en este momento a la tramitación procesal del denominado caso Gurtel, dado que el trabajo pendiente, fundamentalmente de reprografía, antes del envío de la causa a otros tribunales, correspondía ser realizado por el personal de la oficina judicIal".